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Moción aprobada en el Ayuntamiento de Sevilla por el reconocimiento del poeta Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento y por la revisión y anulación de su condena



IU Sevilla /

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Miguel Hernández (1910-1942) nació en la localidad alicantina de Orihuela, en la que durante su infancia y adolescencia pastoreaba un pequeño rebaño de cabras, teniendo su primer trato con los libros en un fugaz paso por la escuela. A los 15 años tuvo que dejar los estudios para retomar su trabajo de pastor, pero el breve periodo académico suscitó en él una pasión por la literatura que ya no le abandonaría nunca. Poeta, periodista y dramaturgo autodidacta, su lírica subyugó a los creadores literarios más destacados de la época (Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, entre otros). Actualmente se le considera uno de los más universales y mejores poetas del siglo XX.

Miguel Hernández forma parte del patrimonio cultural de la humanidad; su poesía sigue siendo palabra en el tiempo para denunciar la injusticia y luchar por la libertad; el no entendía el papel del poeta y del intelectual si no estaba arraigado en un compromiso social y político; no desertó nunca de su clase social, de su condición de campesino pobre, ni del poder transformador de la palabra. Miguel Hernández nos ofrece en su poesía un ejemplo de valor y de pureza para seguir llamando a las cosas por su nombre y hacer de la palabra, como él hizo, un instrumento revolucionario que sacuda las conciencias.

En 2010 se conmemora el Centenario del nacimiento del poeta, condenado a muerte por su compromiso con los trabajadores y con el gobierno legítimo de la II República Española y por hacer de la poesía la mejor arma revolucionaria. Miguel Hernández es un ejemplo de poeta comprometido con los valores de la persona, con el mundo del trabajo, con la libertad y la justicia, lo que le llevó al Partido Comunista de España en el que ingresó en septiembre de 1936.

Su militancia comunista, su compromiso con el pueblo y con los ideales de progreso, justicia y cultura de la II República Española le hizo ganarse el apelativo de “poeta del pueblo”. Tras la guerra, los vencedores comenzaron a impartir su justicia con todo un aparato represor basado en una supuesta legalidad formal institucionalizada a modo de un poder judicial sui géneris: la jurisdicción militar franquista. Miguel Hernández, ejemplo destacado de resistencia frente al fascismo murió el 28 de marzo de 1942, a los 31 años, en la enfermería de la cárcel de Alicante.

La rebelión militar del 18 de julio del 36 supuso para el poeta un importante aldabonazo en su conciencia. Su compromiso con los trabajadores es el que lleva a Miguel Hernández al V Regimiento, siendo destinado al frente como zapador dedicándose a levantar fortificaciones y abrir trincheras. Tras ser nombrado jefe del Departamento de Cultura, se dedica a una intensa labor de divulgación cultural a través de la creación poética,
teatral y periodística. La mayor parte de sus poemas, posteriormente editados en su libro “Viento del pueblo”, vieron su luz primera en los periódicos de guerra.

Respecto al proceso penal contra el poeta, debemos recordar antes que nada el Bando de Guerra del 36, a todas luces –desde el punto de vista estrictamente jurídico- ilegal al invertir los roles entre la legítima legalidad republicana apoyada por el pueblo español y los usurpadores de dicha legalidad de la autodenominada Junta de Defensa Nacional. Al invertir esos roles, los defensores de la legalidad se convertían en delincuentes y los sediciosos franquistas en el nuevo orden. La ampliación de la figura penal de rebelión mediante el Bando de Guerra es definitivamente ilegal. Calificar de rebeldes a los defensores del orden legítimo establecido equivale a crear una original figura penal, la llamada rebelión invertida.

El proceso contra el poeta (y contra la inmensa mayoría de presos políticos que se hacinaban en las cárceles fascistas) se caracterizó por su absoluta falta de garantías jurisdiccionales: se respondía ante una Jurisdicción Especial Militar –que pasó de ser especial a ordinaria- existiendo falta de independencia e imparcialidad en sus tribunales al ser militares sometidos a la disciplina castrense. Las sentencias de dichos tribunales carecen de valor por sí mismas ya que deben ser supervisadas y aprobadas por el Auditor de Guerra sin cuyo requisito no son firmes (hablamos de tribunales de excepción).

El 18 de enero de 1940 se sometió a Miguel Hernández Gilabert a juicio sumarísimo por rebelión contra el movimiento fascista. En apenas hora y media fue juzgado junto a otra veintena de presos y condenado a muerte “como autor de un delito de adhesión a la rebelión” por el Consejo de Guerra Permanente nº 5, que posteriormente, el 25 de junio de 1940, le conmutó la pena por la inferior en grado de 30 años de prisión, según recoge el Expediente sumarísimo de urgencia nº 21.001. Fue trasladado a la prisión de Palencia en septiembre del 40 y en noviembre al Penal de Ocaña (Toledo). En 1941, fue trasladado a la cárcel de Alicante, falleciendo en su enfermería a las 5:32 horas de la mañana del 28 de marzo de 1942 a la edad de 31 años.

En el proceso sumarísimo se producen las siguientes vulneraciones de Garantías Jurisdiccionales: la instrucción del sumario (por cierto, secreto –sin que intervenga el defensor-) es básicamente inquisitiva, sin aportación de pruebas, transgrediéndose el derecho de defensa y sin igualdad de armas procesales al ser el abogado defensor un militar franquista que no tenía la obligación de ser licenciado en derecho (no se pudo recurrir a un abogado de libre designación según disponía el artículo 56 del Código Penal Militar); por el contrario, el Fiscal suele ser Jurídico-Militar (especialista en derecho). El defensor sólo tenía acceso a los Autos durante 3 horas en las cuales debía buscar pruebas, proponerlas, estudiar la causa, calificar y preparar el informe y la defensa para un preso que se enfrentaba a la pena capital o a 30 años de prisión. Contra la sentencia dictada en estos juicios rápidos y expeditivos (fueron muchísimos, no sólo el del poeta) no cabía recurso. Miguel Hernández solo pudo realizar alegaciones verbales, disponiendo el artículo 22 del Código Penal Militar que la sentencia era firme con la mera aprobación del Auditor. El poeta permaneció siempre preso; es decir, se vulneró también el carácter excepcional de dicha medida cautelar, convirtiéndose esa situación de falta de libertad en regla general. En definitiva, hablamos de un simulacro de proceso, de un juicio-farsa, falto de las más elementales garantías para poder ser calificado de proceso justo o debido –incluso teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias históricas en que se produjo-: una venganza revestida o encubierta con una falsa apariencia procesal.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º. El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la conmemoración del Centenario del nacimiento de Miguel Hernández para lo que impulsará iniciativas y promoverá actividades encaminadas a dar a conocer su vida y su obra.

2º. Apoyar las distintas iniciativas académicas e institucionales del mundo de la cultura y las letras que se realicen en nuestra ciudad para promocionar su obra literaria.

3º. Apoyar a la familia del poeta, y a instituciones y asociaciones, en su petición ante el Tribunal Supremo, para que se revise su proceso penal y se anule definitivamente su condena.

4º. Trasladar estos acuerdos al Parlamento Andaluz, al Presidente del Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados, así como al Consejo General del Poder Judicial.

Sevilla, abril de 2010

Fdo. Antonio Rodrigo Torrijos
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.

 
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