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Sentencia del Tribunal Suprema contra el juez Garzón


El Partido Comunista de España considera que la sentencia absolutoria de Garzón esconde un manto de impunidad judicial sobre los crímenes del franquismo



Secretaría de Memoria Histórica y Movimiento Republicano / 29 feb 12

El Partido Comunista de España “lamenta la lectura sesgada e interesada que se está realizando de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el procedimiento resuelto contra el exjuez Baltasar Garzón. Su absolución, que es el elemento que ha acaparado mayor interés internacional, esconde una sentencia que envuelve en un manto de impunidad judicial los crímenes del franquismo”.

“Saludamos con alivio la absolución del ya exmagistrado” afirman desde el PCE, “pues en torno a su figura se ha generado un esperpento judicial con el objetivo de apartarlo de sus funciones”, pero no podemos dejar de alarmarnos tanto por el procedimiento como por la resoluciones que la sentencia establece”.

Cuando se refieren al procedimiento afirman que este está viciado desde el primer momento ya que, al amparo de una querella acusando de prevaricación al entonces magistrado, el Tribunal Supremo aborda las cuestiones relativas a la calificación penal de los crímenes del franquismo, a la competencia de los tribunales españoles y a la vigencia y aplicación en el momento de la comisión de los hechos de los Convenios y Pactos de Derecho Internacional y a la Ley de Amnistía.

Pero lo hace desde un procedimiento judicial que no permite a las victimas ser parte y expresar sus divergencia sobre estas materias por tratarse de un juicio que afecta solo al Magistrado y a los querellantes, a la sazón organizaciones de extrema derecha. De esta manera ningún organismo de derechos humanos, ninguna asociación de víctimas, ningún familiar o representante de víctimas, ha podido exponer la otra visión jurídica sobre las cuestiones que ha tratado el Tribunal Supremo”. El PCE afirma que “las victimas han sido silenciadas y no tenidas en cuenta en un procedimiento que, al final, les ha afectado en su condición de victimas que no ha obtenido tutela judicial por parte de la administración de justicia”.


Entrando en el contenido de la sentencia, el Partido comunista de España no comparte la premisa de no considerar los crímenes del franquismo como delitos contra la humanidad. No sólo no la comparte sino que considera que supone un retroceso para los derechos humanos en nuestro país”.

“La sentencia”, para el PCE, “establece una doctrina opuesta a la aplicada por el Alto Tribunal relativa a la fuerza expansiva de los derechos humanos que hace posible la condena por delitos contra la humanidad, desde cualquier país y por cualquier tribunal, con independencia de donde se hayan cometido los terribles crímenes, precisamente, por el carácter universal que tiene la protección de estos derechos. Con esta doctrina”, afirman, “no hubiera sido posible que los tribunales españoles hubieran conocido, perseguido y condenado a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos por los militares y todos los miembros de la cadena de mando en Argentina durante la dictadura que asoló ese país”.

A los comunistas españoles no les “extraña que esta sentencia genere desconfianza fuera de nuestro país hacia una justicia, la española, que utiliza una argumentación para perseguir delitos fuera de sus fronteras y otra muy distinta para los mismos delitos cometidos en su propio país”. Es decir, para nuestro Alto Tribunal, los asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones…, perpetrados durante la dictadura franquista desde el golpe militar de 18 de julio de 1936, no son delitos de lesa humanidad, pero si se cometen en Argentina, si lo son.


El Partido Comunista ha decidido “obviar la sentencia dictada” y seguir “manteniendo, defendiendo y buscando el encaje jurídico para demostrar que existen pruebas evidentes de que en España, tras el golpe militar, ilegal y anticonstitucional, se produjo una guerra civil prolongada durante casi 3 años y una feroz dictadura que reprimió durante 40 años - y algunos más tras la muerte de Franco-, a la población civil mediante asesinatos, torturas, desapariciones…, con el fin de acabar físicamente con una parte de la población: aquella que era contraria a los objetivos pretendidos por los golpistas y criminales”.

Por último el PCE considera que “la Ley de Amnistía de 1977 no es un instrumento que pueda ser utilizado por los Tribunales para impedir investigaciones de delitos contra la humanidad” y desea dejar claro que “las víctimas, las asociaciones de derechos humanos y los organismos internacionales de derechos humanos, no acuden a los tribunales sólo en busca de la verdad, acudimos a ellos porque sólo en sede judicial y sólo a través de la intervención de los tribunales y de la aplicación de las leyes penales en materia de derechos humanos podemos llegar al resarcimiento de las víctimas, a levantar el manto de la impunidad y a conseguir los tres objetivos que cualquier país civilizado debe anteponer para completar su sistema democrático de valores y derechos: la justicia, la verdad y la reparación. Esta sentencia es un nuevo retroceso en el avance y consecución de la defensa de los derechos humanos”.

 
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