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Supera la vigente legislación estatal y es más integral y ambiciosa que la aprobada en otros territorios del Estado.


Comunicado del PCE ante el debate de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía



Secretaría de Movimiento Republicano y Memoria Histórica / 23 ene 15

El Partido Comunista de España saluda positivamente la tramitación parlamentaria definitiva del texto de la Ley de Memoria democrática de Andalucía que dotará a esa Comunidad de una legislación que, en nuestro entender, supera la vigente legislación estatal y es más integral y ambiciosa que la aprobada en otros territorios del Estado. A eso se comprometió IU-LV-Convocatoria por Andalucía a través de su programa electoral y así se ha hecho cumplir.

A nuestro parecer, el texto que se lleva es importante porque recoge las demandas que se llevan haciendo desde el movimiento memorialista y es acorde con el derecho internacional que ha de asumir y garantizar la Administración del Estado para con sus ciudadanos y ciudadanas.

Es la primera vez que el Estado, a través de la Junta de Andalucía en este caso, asume la exhumación directa de los desaparecidos por el franquismo. Junto a ello, se crea un banco de ADN para posteriores identificaciones, se desarrolla un régimen sancionador que afecta tanto a las excavaciones sin autorización como a la destrucción de fosas. La Junta, además, una vez aprobada su ley, deberá establecer un protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los restos hallados en fosas comunes, de obligado cumplimiento, a partir del cual denunciará, ante los órganos judiciales, la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad y comience así la investigación de los delitos. Evidentemente, y como hemos señalados en otras ocasiones, esto está acorde con lo establecido por la ONU en relación con las desapariciones forzadas, acorde con las últimas recomendaciones del relator especial para el cumplimento de los DDHH en España y de las que el PCE, por su incumplimiento, reivindica como propias.

Queremos resaltar algunos de los aspectos que incluye el texto y que han de garantizar el desarrollo de políticas públicas de memoria en esa Comunidad:

1. La actualización del mapa de fosas en Andalucía, ya que existen más de 600 enterramientos ilegales muchos de ellos no recogidos en el publicado en su día por en Ministerio de Justicia.

2. El concepto de víctima a familiares se extiende a los casos de niños robados y a los deportados en los campos de exterminio nazis, por lo que se amplia los casos de investigación.

3. La horquilla temporal abarcará desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982; por tanto, incluye el periodo conocido como la Transición y la II República, lo que permitirá profundizar en el estudio y en conocimiento de estos dos periodos históricos recientes.

4. Se elaborará un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que permitirá saber quienes, cuantos, donde, por qué y por quién sufrieron persecución y hasta muerte.

5. Establecerá medidas de reconocimiento a las organizaciones beneficiadas por la realización de trabajos forzados a partir de los batallones de presos políticos.

6. Fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo, como recoge la Ley 52/07. Pero esta futura ley es más clara y avanza en este aspecto, ya que marca sanciones por la exhibición de simbología fascista y por cualquier tipo de manifestación y exaltación de la misma. No considera que puedan concurrir razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura, como sí marca el marco estatal. La Junta de Andalucía efectuará la retirada "subsidiariamente" de esos símbolos.

7. La Memoria democrática se incluirá en el currículo educativo en todos los niveles que garantice la información de lo acontecido durante el periodo republicano, la guerra en España y la dictadura.

Como no podría ser de otro modo para que estas y otras medidas apuntadas en el norma se lleven a cabo, la ley marcará un presupuesto para ello y una memoria económica. Hemos de dejar constancia que, a partir de la Dirección Gral. de Memoria Democrática, en esta legislatura ya se han venido realizando actuaciones que vendrá marcadas en la Ley, como es el caso de la señalización de los lugares de Memoria.

Por último, el PCE insiste en que, durante el debate parlamentario previa a su aprobación, se defienda la nulidad de la sentencias de los tribunales durante la dictadura, paso previo que nuestro partido ha defendido siempre para acabar definitivamente con la impunidad del franquismo.

 
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