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Documentos PCE | Resolución aprobada en la 1ª fase XX Congreso PCE


Tragsa

PCE / 15 abr 16

La empresa de Transformación Agraria, S.A (Tragsa) se fundó en 1977, para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. La primera filial; Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) se creo por Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de junio de 1989, tras la entrada de España en el Mercado Común y la necesidad de dar soporte y cobertura a las Administraciones Públicas ante las exigencias de Bruselas. En 2001 se creó la filial Trasega, S.A., para el control de alertas sanitarias y tras la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina en España. En 2010 y tras la primera reforma del Sector Publico, se fusionan las dos filiales (Tragsatec y Trasega), quedando únicamente la filial Tragsatec en España, con la integración de los diferentes colectivos y actividades.

Tragsa y Tragsatec se configuran como medios propios instrumentales y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores dependientes de ellas, estando por tanto obligadas a realizar, con carácter exclusivo, todos los trabajos que éstos les encomienden, en las materias que constituyen sus objetos sociales , dando una especial prioridad a aquéllos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de situaciones de emergencia que se declaren.

La gran distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17 Comunidades Autónomas españolas (siendo 15 de ellas accionistas de la empresa), le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local.

Grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de naturaleza y con capital 100% público.

El Régimen Jurídico de Tragsa y Tragsatec está regulado por la Disposición Adicional 25ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE de 16 de noviembre de 2011), que entró en vigor el 16 de diciembre de 2011, así como por el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE de 8 de septiembre de 2010).

Los problemas en esta empresa llegaron en los años duros de la crisis económica, con la poca obra pública que se puso en marcha y con la disminución de los encargos por parte del Ministerio de Agricultura, ministerio tutelar, que hizo comenzaran “las tensiones” en la cuenta de resultados.

Por ello en Octubre de 2013 la dirección de Tragsa y Tragsatec, comenzaron a negociar un despido colectivo. Para llevarlo adelante adujeron causas económicas, por una caída significativa de ingresos desde 2009. Por lo que, según la reforma laboral de febrero de 2012, justificaría un despido colectivo, puesto que se encadenaban más de tres trimestres consecutivos con caída de ingresos, además de causa productiva, derivada de un descenso de encomiendas por parte de cliente.. El proceso acabó sin pacto el 22 de noviembre y la empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1336 empleados con una indemnización de 20 días por año (726 en Tragsa y 610 en Tragsatec).

La Audiencia Nacional en abril de 2014 anulo el ERE por tres causas, entre ellas la falta de criterio en la selección de los 726 afectados por el expediente de la empresa pública. El tribunal concluye por unanimidad que si para lograr un puesto de trabajo en la Administración hay que respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo mismo debe garantizarse a la hora de despedir y la empresa pública Tragsa no lo habría hecho. También condenaba “solidariamente” a la filial Tragsatec que realizó un despido colectivo que afecta a 610 trabajadores al mismo tiempo que la matriz.

El pasado 26 de noviembre 2015 el Tribunal Supremo publicó la sentencia sobre el procedimiento de despido colectivo iniciado por las empresas TRAGSA y TRAGSATEC, ambas dependientes de SEPI, que podría permitir al grupo Tragsa despedir a 1336 rondando el 20% de la plantilla. El pasado 29 de diciembre se ejecutó dicha sentencia suponiendo el despido de 555 Trabajadores y trabajadoras, 175 de más de 50 años de edad y con una antigüedad en la empresa en torno a los 20 años. De los 248 despedidos/as de Tragsatec, solo dos de personal de Estructura u organigrama, a pesar del sobredimensionamiento de este.

El pasado 21 de enero la empresa, tras la ejecución de los 555 despidos comunica la finalización de la ejecución del Procedimiento diciendo que ha adaptado la misma a las causas económicas y productivas actuales.

A las pocas horas de la comunicación de la ejecución, empiezan a ofertar las mismas vacantes que ocupaban estos trabajadores y trabajadoras en el portal de empleo de Infojobs, habiéndose ofertado a día de hoy más de 150 vacantes (sólo en la filial Tragsatec) de igual perfil, categoría y tareas que el personal despedido, destacando que se han vuelto a contratar a nuevos trabajadores con condiciones más bajas y precarias que las que tenían los trabajadores/as despedidos, ya que el caso de Tragsatec el personal incorporado a partir del 1 enero 2015 está sin convenio colectivo fruto también de la Reforma Laboral 2012, quedando solo las condiciones laborales contractualizadas para los trabajadores/as que tuvieran contrato a fecha 31 de diciembre de 2014. En el caso de Tragsa, no solo se está contratando por debajo de lo recogido en su Convenio Colectivo –también pendiente de recurso del Tribunal Supremo- si no que se está subcontratando a empresas del Sector Privado.

En la actual situación de empleo en nuestro país, esta decisión es absolutamente inaceptable por el profundo impacto que tiene sobre la economía del país. Además, los datos económicos y productivos del grupo, pasados dos años del inicio del procedimiento, demuestran que la situación ha cambiado en positivo sobre las estimaciones de pérdidas y de producción que había hecho la empresa en el inicio del expediente. De hecho los datos indican que la empresa ha contratado después a personal eventual por el aumento de la carga de trabajo (1500 trabajadores eventuales).

Hablamos de un grupo de empresas públicas fundamentales para el desarrollo de sectores básicos de la economía, que pretende tomar una decisión basada en una previsión de pérdidas, para el periodo 2014-2019, de 64,3 millones de pérdidas en el conjunto del Estado, aunque esta cifra varía de un mes a otro por el incremento de la cifra de negocio que está teniendo el grupo. Sin embargo, y al mismo tiempo, el grupo prevé hacer unas reservas voluntarias de más de 261 millones de euros, por lo que apenas utilizando un 28% de éstas, podría cubrir las previsiones de pérdidas, en caso de haberlas, ya que sin la ejecución de este despido colectivo (cuyo coste se estima en más de 15 millones de euros), el cierre del ejercicio 2015 ya reflejaría, posiblemente, beneficios.

Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero por el contrario parece ser que se siguieron abonando primas por objetivos con cifras astronómicas a mandos directivos e intermedios durante estos supuestos años de dificultades económicas para el grupo y que la intencionalidad de todo este procedimiento es la de precarizar las condiciones laborales del personal de productivo más si cabe para justificar y aplicar una normativa laboral privada en una empresa pública para dar al gobierno y a los diferentes equipos directivos el control sobre el empleo y la negociación colectiva, totalmente vulnerada en todos los aspectos que regulan las condiciones laborales de la plantilla del grupo Tragsa generando una intensa conflictividad laboral y judicialización de conflictos.

No debemos olvidar que el grupo TRAGSA es 100% público, trabaja en exclusiva para la administración siento estas sus únicos clientes, por lo que no puede ser ajena a decisiones injustificadas en los términos de reducción de empleo que se están planteando, sobre todo después de escuchar en los últimos meses por parte del Gobierno central el inicio de la recuperación económica.

Desde CCOO Grupo Tragsa venimos desde el pronunciamiento del Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre 2015, no solo recurriendo a la acción sindical (encierros, huelgas, protestas) si no denunciando en todas las instancias posibles (Parlamentos autonómicos, Congreso de los diputados, Parlamento Europeo) la situación laboral en el Grupo, totalmente intolerable dada su naturaleza pública algo no concebible en otros países de la Unión Europea

Por lo expuesto,

1. Manifestar que la ejecución del ERE en el grupo TRAGSA es profundamente perjudicial para los intereses del país en términos de empleo y para la realización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la Administración.

2. El Partido Comunista de España expresa su solidaridad con los trabajadores del grupo Tragsa y Organizaciones Sindicales y exige al Gobierno de España y los ministerios afectados con todos los cauces y actuaciones necesarias posibles al fin de revertir la ejecución del mencionado ERE en el Grupo Tragsa y que se mantenga una plantilla estable y con condiciones laborales dignas, sin menoscabo del derecho a la Negociación colectiva en todos los aspectos relacionados con las condiciones laborales y el empleo.

3. Dirigirse al Gobierno de España instándole para que la dirección del grupo de empresas públicas Tragsa abra una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permitan plantear un nuevo plan empresarial para el mismo e incrementar su capacidad de producción y empleo.

Hacer extensiva esta resolución a los referentes electorales en los que la militancia del Partido estamos presentes, de cara a promover mociones institucionales con los fines arriba descritos.

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