Por primera vez en 44 años de democracia, se ha impedido una tramitación parlamentaria legítima. La alianza entre la derecha política extrema del PP y la ultraderecha de VOX, la derecha judicial, la derecha mediática y los miembros conservadores del Tribunal Constitucional, impide que los legítimos representantes del pueblo ejerzan sus competencias. Supone un golpe a la soberanía popular.
El Tribunal Constitucional, perdiendo toda su legitimidad, ha decidido eliminar las garantías que el Estado de Derecho reconoce a las partes en cualquier proceso, generando una total indefensión al no dar trámite de audiencia ni al Congreso ni al Senado, en un procedimiento sumarísimo propio de un estado de excepción, que resuelve suspender competencias al poder legislativo.
La ajustada decisión (6 votos a 5), se hace contando con la participación del Presidente Pedro González-Trevijano y del magistrado Antonio Narváez, pese a que Unidas Podemos presentó un escrito de recusación a la vista de su evidente parcialidad para resolver la suspensión de la tramitación de la ley que les obligaría a aceptar que su mandato está vencido y permitir su sustitución por los dos nuevos magistrados ya designados.
El Tribunal Constitucional, al dictado del Partido Popular, ahonda en la pérdida de credibilidad del Tribunal, que por esta vía, acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley. Se trata de evitar el cambio del sistema de elección de los magistrados del órgano de garantías promovido por la mayoría parlamentaria, para finalizar el permanente bloqueo de la derecha judicial a la renovación de los órganos judiciales, incumpliendo la ley y la constitución. Una constatación de que la independencia judicial no es tal.
No podemos permitir que secuestren las instituciones democráticas para el mantenimiento de sus privilegios, es imprescindible terminar con la excepción de unos órganos caducados y en rebeldía constitucional, de ahí que la mayoría parlamentaria debe hacer cumplir la Constitución y renovar los órganos judiciales cuanto antes. Hace cuatro años debía haber sido renovado el Consejo del Poder Judicial y hace seis meses debía haber sido renovado un tercio del Tribunal Constitucional. Pretenden perpetuarse en el control de la Justicia no permitiendo la renovación de los órganos constitucionales cuando la derecha no tiene mayoría parlamentaria.
Es imprescindible que el Tribunal Constitucional vuelva a la senda democrática y respete la inviolabilidad del Parlamento no interfiriendo en sus competencias legislativas. Las derechas políticas deben respetar la voluntad de la mayoría parlamentaria que ha sido elegida en las urnas y su brazo judicial debe dar marcha atrás a la mordaza impuesta a las Cortes Generales.
Hoy como ayer el Partido Comunista defiende la democracia frente a la reacción de la derecha. Llamamos a todas y todos los demócratas a movilizarse para exigir a la derecha política y judicial el fin de los ataques a la democracia que con tanto esfuerzo han construido la izquierda y los demócratas de este país.
Comisión Política del Partido Comunista de España
20 de diciembre de 2022
