Un mes después de imponer un golpe de Estado en Birmania, la Junta militar ha causado una matanza en diversas ciudades del país: al menos dieciocho manifestantes fueron asesinados en las calles a finales de febrero. La represión de las protestas ha sido constante desde el primer día de la asonada, pero las masivas manifestaciones en la que el movimiento obrero y los sindicatos juegan un papel clave. Las huelgas parciales de las últimas semana y la huelga general que paralizó Birmania el 22 de febrero son la muestra de las ansias de libertad que recorren el país. Fruto de esta situación el Ejercito ha declarado ilegales a la mayoría de organizaciones sindicales en tanto no abandonen las protestas.
La justificación para instaurar una nueva dictadura fue la supuesta manipulación de las elecciones de noviembre de 2020 que dieron la victoria a la Liga Nacional por la Democracia, LND, de Aung San Suu Kye, Consejera de Estado y, de hecho, primera ministra de los gobiernos civiles desde 2016. Pese a esa grave acusación, el ejército ha sido incapaz de presentar ninguna prueba que la avale, y mantiene que convocará elecciones dentro de un año, una promesa con la que pretende detener las protestas. Es el mismo ejército que mantuvo una sanguinaria dictadura en Birmania desde 1962 hasta 2011, que impuso una política de terror contra el Partido Comunista y contra las minorías nacionales, el mismo Tatmadaw que asesinó a miles de personas en la represión de las protestas de 1988 y que volvió a aplastar las manifestaciones de 2007.
Aung San Suu Kye ha dirigido la transición y la demediada y parcial “democracia” birmana, donde el ejército impuso la Constitución de 2008 y retenía la cuarta parte de los escaños del parlamento y los ministerios del Interior, Fronteras y Defensa, haciendo imposible cualquier cambio constitucional sin su acuerdo. Además, esa “democracia” seguía manteniendo en la ilegalidad al Partido Comunista de Birmania y a otros grupos de izquierda. La cautela de Aung San Suu Kye sobre la transición fue excesiva, hasta el punto de que llegó a justificar la feroz represión del ejército sobre los rohinyás. La Consejera de Estado dirige un partido liberal, la LND, que no responde a los intereses de los trabajadores birmanos aunque frente al sanguinario golpe de Estado reciba el apoyo de buena parte de la población.
El protagonista del golpe y nuevo presidente del Consejo o Junta militar es el general Min Aung Hlaing, un veterano de las feroces campañas militares que causaron miles de muertos en las filas del Partido Comunista de Birmania y que protagonizó las operaciones militares en la región de Kokang en 2015 que hicieron huir a decenas de miles de personas hacia China; también dirigió la genocida campaña contra los musulmanes rohinyás en 2017 y 2018 que causó matanzas como las de Chut Pyin y Min Gyi e impuso la expulsión de centenares de miles de personas hacia los campos de refugiados de Bangla Desh, donde continúan hoy viviendo en condiciones inhumanas.
En el trasfondo del golpe se encuentra, también, la pretensión del ejército de tutelar el país, de retener las poderosas corporaciones económicas que posee, y de controlar el rumbo de una Birmania con economía capitalista, aspecto que comparte con la LND de Aung San Suu Kye. A su vez, Estados Unidos quiere atraerse al país hacia su coalición antichina, que articula alrededor del QUAD.
El Partido Comunista de España expresa su solidaridad con sus camaradas del Partido Comunista de Birmania, ilegal desde 1953, así como con todas los sindicatos de clase, las organizaciones democráticas y de izquierda que luchan contra el golpe de Estado. Al mismo tiempo, el PCE considera que solamente una democracia real, abierta a la participación de todos los sectores políticos permitirá a Birmania afrontar su futuro sin la amenaza de los fusiles. El PCE condena la feroz represión de la Junta militar de Min Aung Hlaing, exige que cesen las matanzas y el reinado del terror y llama a las trabajadoras y trabajadores españoles a expresar su solidaridad con Birmania.