Tras el hundimiento en el Congreso de los Diputados el 2 de octubre de los dos decretos ley con medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, limitar la especulación de los fondos buitres y aprobar una moratoria de los desahucios, el PCE rechaza el voto en contra de las derechas y la ultraderecha -PP, VOX y JUNTS- a estas leyes y llama a la movilización general de toda la sociedad. Orientamos a todas las organizaciones del partido y al conjunto de la militancia comunista a desplegar la máxima de unidad de acción para sostener las acciones reivindicativas del derecho a la vivienda y el fin de la especulación sobre este bien social de primera necesidad.
I. Caracterización de la crisis habitacional, centralidad estratégica y vigencia de la Campaña Central
En estricta coherencia con las Tesis aprobadas en el XXI Congreso del PCE, el problema de la vivienda se ha constituido en la contradicción principal que atraviesa las condiciones de vida de la clase trabajadora en nuestro país. Lejos de tratarse de una cuestión coyuntural, la vivienda se ha transformado en el mayor factor de empobrecimiento y desigualdad, al ser degradada a objeto de especulación por un mercado voraz que engulle sistemáticamente los ingresos del trabajo, bloquea la emancipación juvenil y vulnera de forma flagrante el derecho a una vida digna. Esta dinámica extractivista erosiona directamente el alcance real de las conquistas sociales y laborales alcanzadas en los últimos años, neutralizando el impacto positivo de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y de los incrementos logrados en la negociación colectiva.
Ante esta realidad, nuestro Partido lleva tiempo trabajando la Campaña por el Derecho a la Vivienda, que situa como horizonte estratégico e irrenunciable la construcción e implantación a gran escala de un Parque público de Vivienda en alquiler social y asequible.
La irrupción de la protesta social y la movilización en las calles liderada por los Sindicatos de Inquilinas, aceleradas tras episodios sangrantes de emergencia habitacional como el desahucio de Mari Carmen, han desplazado el debate político hacia la defensa explícita de las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora frente a la voracidad de la oligarquía financiera y los fondos buitre. Este escenario ha evidenciado la conexión directa entre la crisis de la vivienda y el conflicto salarial: nos encontramos ante un modelo económico donde los elevados beneficios empresariales no se trasladan a los salarios, derivando en una crisis habitacional que absorbe mes a mes los aumentos retributivos. Por ello, la confluencia de las organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la vivienda con las organizaciones sindicales de clase (CCOO y UGT) resulta estratégica para situar como premisa irrenunciable que tener un empleo debe garantizar, de manera efectiva, el acceso a un hogar digno.
II. Derogación en sede parlamentaria, desenmascaramiento de la derecha nacionalista y agotamiento de la legislatura
La presión continuada del movimiento popular, articulada mediante la confluencia de las organizaciones políticas de la izquierda alternativa organizadas en SUMAR -entre ellas el Partido, la UJCE e Izquierda Unida- con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y las centrales sindicales CCOO y UGT, obligó al Gobierno a aprobar dos Reales Decretos-Leyes de urgencia en el Consejo de Ministros, con unos contenidos que significaban un paso adelante en la garantía de la derecho a la vivienda según valoración de todas las fuerzas políticas y sociales implicadas en esta lucha reivindicativa. Estas medidas incorporaban concesiones explícitas a la derecha nacionalista de Junts per Catalunya para garantizar de antemano su respaldo en la sede legislativa. Sin embargo, en la votación decisiva en el Congreso de los Diputados, la derecha nacionalista de Junts ha incumplido el acuerdo alcanzado, sumando sus votos nuevamente al PP, Vox y UPN, asumiendo su papel como una herramienta política más de la oligarquía financiera, los rentistas y los especuladores inmobiliarios. Al romper unilateralmente el acuerdo previamente negociado con el Gobierno de coalición para convalidar los decretos, la derecha nacionalista ha antepuesto los intereses lucrativos del capital rentista a los derechos fundamentales de las familias trabajadoras, dejándolas en la más absoluta desprotección frente a los procesos de desahucio bien por ejecuciones hipotecarias o por procedimientos de arrendamiento.
Esta convergencia de la derecha estatal, la ultraderecha y la derecha nacionalista instala al país en un escenario de bloqueo político estructural y de imposible gobernabilidad. Por ello, la dirección del PCE constata que el mantenimiento de esta situación significa que la legislatura está agotada. Tanto por la renuencia permanente del PSOE a abordar estructuralmente y en profundidad la solución al problema de la vivienda, como a consecuencia del incumplimiento por Junts per Catalunya del acuerdo alcanzado en esta ocasión, lo que ha impedido momento una mayoría parlamentaria para aprobar al menos uno de los llamados “decretos Maricarmen” en garanta del del derecho a la vivienda. La continuidad de la dinámica legislativa sostenida en la legislatura queda seriamente cuestionada y sitúa el horizonte de un adelanto electoral como una necesidad que debería ser inminente, en un momento en el que es posible la disputa para conseguir una nueva mayoría favorable a la clase obrera. Ante la imposibilidad de continuar sacando adelante normas que puedan mejorar la vida de la gente, la tarea estratégica de la izquierda alternativa no es replegarse, sino volcarse en la calle para lograr que la frustración y la decepción provocadas por el veto parlamentario se transformen en movilización permanente y organización popular del descontento, para que la izquierda pueda entrar en la siguiente fase política lo más fortalecida posible y con garantías de disputar la hegemonía a la derecha..
III. Utilizacion de todos los medios políticos e institucionales a nuestra disposición para aprobar medidas que garanticen el derecho a la vivienda e impidan los desahucios
Ante el riesgo inminente de desprotección legal para miles de hogares, la respuesta no puede ser el repliegue institucional, sino la utilización audaz de la capacidad ejecutiva del Estado el tiempo que sea posible. Trabajaremos para que el gobierno apruebe de forma recurrente y continuada todas las normas sobre el derecho a la vivienda que sean necesarias dando continuidad a la práctica desarrollada durante los últimos ocho años y reforzada tras la crisis de 2020 provocada por el COVID-19 mediante la prórroga sistemática de las medidas antidesahucios. Trabajar por una nueva aprobación de los decretos derogados en el Consejo de Ministros es una herramienta útil para la clase obrera mientras que dure nuestra permanencia en el Gobierno, defendiendo así de forma efectiva los intereses de la clase obrera hasta que se constituya un nuevo Congreso de los Diputados en el que aspiramos a formar parte de una nueva mayoría de izquierdas que permita mantener las conquistas conseguidas y alcanzar nuevas medidas y políticas públicas al servicio de la clase trabajadora. Mientras que dure nuestra participación en la mayoría que hasta ahora ha sustentado el gobierno, nuestra tarea es garantizar un escudo legal de facto frente a la ofensiva especuladora.
Esta táctica de ofensiva permanente debe ir acompañada de la puesta en marcha de un proceso participativo para elaborar un programa de intervención pública estructural sobre el mercado inmobiliario y el modelo de rentas. Nuestra opción es la implantación de controles de precios efectivos sobre los alquileres, la persecución de la especulación desarrollada por los grandes acumuladores, la creación prioritaria del parque público de vivienda en alquiler social y asequible y una normativa de arrendamiento indefinido.
. Asimismo, este paquete de intervención debe coordinarse con una exigencia de incrementos salariales sustanciales en la negociación colectiva, garantizando que el coste de la vivienda no continúe confiscando la riqueza producida por la clase trabajadora.
IV. Máxima unidad de acción y extensión de la movilización a todos los niveles tras el 3 de octubre
Para golpear con efectividad a la alianza del capital rentista, hay que orientar a todas las estructuras del Partido y de la UJCE a desplegar la máxima unidad de acción política, social y sindical desde Izquierda Unida, con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y el tejido asociativo vecinal y popular. El objetivo central de este frente de lucha es derrotar de manera frontal al eje especulador-derechista integrado por la oligarquía financiera, los fondos buitre, las patronales inmobiliarias y sus representantes políticos en las instituciones (PP, VOX, Junts y UPyN). Asimismo, el Partido Comunista de España hace un reconocimiento explícito a la labor abnegada y combativa de la militancia en las acampadas, asambleas y protestas, destacando su temple y firmeza frente a las amenazas y provocaciones de los grupos escuadristas fascistas, y anima a nuestra militancia a continuar esa tarea en todos los lugares a lo largo de la geografía española donde se organicen acciones en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación.
Finalmente, tras volcar todo el aparato militante y organizativo en las calles de todo el país durante la jornada de manifestaciones del 3 de octubre, debemos enfatizar que el combate no concluye en esa fecha. Es indispensable seguir extendiendo e intensificando la protesta y la movilización popular a todos los niveles institucionales, territoriales y de barrio. La estrategia posterior al 3 de octubre exige mantener una dinámica de conflicto permanente durante las próximas semanas, conectando la lucha en los centros de trabajo con la organización de las asambleas de inquilinas en los barrios, convirtiendo la indignación por el bloqueo parlamentario en organización popular estable hasta doblegar al bloque rentista e imponer el derecho a una vivienda digna.
¡VIVIENDA POR DERECHO, PÚBLICA Y SOCIAL!
¡NO SE ESPECULA CON EL HOGAR!
