El PCE saluda la entrega a España por las autoridades brasileñas de Carlos García Juliá. Después de un largo proceso de extradición, este ultraderechista autor de los asesinatos y lesiones de la Matanza de Atocha, cumplirá una condena de 193 años, después de 25 años de permanecer prófugo de la Justicia española.
El largo tiempo de impunidad de Carlos García Juliá, autor de uno de los mayores atentados terroristas contra el avance de las libertades democráticas en España y contra quienes luchaban por los derechos de la mayoría social trabajadora, es una vergüenza para todos los Gobiernos que ha tenido nuestro país desde que se produjo su fuga, llevada a cabo y mantenida gracias a la complicidad de responsables del Estado español.
No debemos olvidar que todo este tiempo de Carlos García Juliá se ha mantenido oculto gracias los contactos del franquismo y la extrema derecha con las dictaduras latinoamericanas o sus Gobiernos sucesivos, fieles aliados al Gobierno de los Estados Unidos, que no movió nunca un dedo para hacer avanzar una reclamación tan básica de la Justicia.
La Matanza de Atocha, cometida en la noche del 24 de enero de 1977, fue un golpe calculado de la extrema derecha, con la complicidad de importantes sectores del tardofranquismo enquistados en las instituciones del Estado, que pretendía hacer descarrillar la lucha por la democracia, las libertades y la justicia social en nuestro país, en el que el PCE desempeñaba un papel esencial por su implantación y coherencia durante la larga noche del franquismo.
La entrega a España de Carlos García Juliá, aunque tardía, es un triunfo de la Justicia y del movimiento memorialista, y constituye una razón de más para seguir luchando contra la impunidad del franquismo y el postfranquismo, frente a las decisiones políticas y judiciales que no quieren reconocer el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, que por imperativo del Derecho internacional no son amnistiables.
El PCE seguirá comprometido en la lucha contra la impunidad y señalará con toda su fuerza a los jueces que, como acabamos de ver en Valencia, pretenden escurrir el bulto de su responsabilidad amparándose en los supuestos efectos de una Ley de Amnistía que no impide investigar ni condenar delitos de lesa humanidad como las torturas, los robos de bebés y las desapariciones forzadas.
La entrega de Carlos García Juliá nos permite recordar hechos como la Matanza de Atocha, que este año ha cumplido 43 años, y el clima de terror vivido durante toda la Transición, que no fue casual. Al contrario, este clima fue un medio para favorecer la construcción de un régimen con numerosas deficiencias democráticas y que favoreciera el inmovilismo social y económico, a pesar de la movilización social y los cambios legales y constitucionales.
El PCE llama a continuar con las luchas contra la impunidad, con mayor razón si cabe desde la responsabilidad de nuestro compromiso en el actual Gobierno, y reivindicar la memoria democrática en el actual contexto de avance de las posiciones ultraderechistas y anticomunistas, con un discurso legitimador del recorte de libertades que pretende neutralizar la alternativa al capitalismo.
