Celebramos la cesión por parte del CSIC de uno de sus prototipos de vacuna contra la COVID-19 a través de la organización de salud pública Medicines Patent Pool (MPP), respaldada por las Naciones Unidas (ONU) y bajo supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta iniciativa facilitará la llegada de la vacuna a los países más necesitados.
Destacamos este hito, ya que es un ejemplo de cómo la investigación pública revierte en la sociedad. A pesar de las condiciones precarias y la infrafinanciación, las y los investigadores han logrado desarrollar un prototipo exitoso. El uso de la plataforma MPP puede servir como un incentivo para poner sus hallazgos al servicio de la población.
Con el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, hemos presenciado el impacto positivo que puede generar la inversión pública. Muchas de las aplicaciones desarrolladas en centros de investigación han sentado las bases para lo que posteriormente las compañías farmacéuticas han comercializado. A pesar de la importancia de esta investigación básica, en nuestro país son pocos los trabajadores que la llevan a cabo, enfrentando dificultades para obtener fondos y garantizar la continuidad de proyectos e ideas. El gobierno de coalición apostó por el desarrollo de vacunas desde los centros de investigación públicos con un refuerzo importante de la financiación y con algunas medidas de estabilización obtenidas gracias a la reforma laboral del Ministerio de Trabajo, aunque aún queda camino que recorrer.
Aunque la investigación básica se financia con dinero público, la industria farmacéutica desempeña un papel fundamental en los ensayos clínicos, que son financiados tanto por inversión pública como privada, y en la fabricación de medicamentos. Sin embargo, a menudo se les atribuye en exclusiva el mérito y los beneficios generando la sensación de que sin inversión privada no hay desarrollo tecnológico.
La publicación de patentes obtenidas con financiación pública puede romper este círculo vicioso de financiar empresas privadas con gran control comercial y que se oponen constantemente a cualquier intento de limitar la protección de la propiedad intelectual, incluso en situaciones de emergencia global como una pandemia.
No solo es escandaloso que una de las herramientas de lucha contra la pandemia sea un negocio lucrativo para una empresa, sino que el hecho de que dependa de ellos también dificulta la transparencia en la adquisición de estas vacunas y favorece la falta de equidad global al beneficiar a los países ricos que pueden pagar los precios fijados por estas empresas.
El modo de gestión puesto en práctica por la Comisión Europea durante la pandemia tiene un problema importante: en los acuerdos comerciales las compañías farmacéuticas nunca salen perdiendo debido a la naturaleza de su negocio. Esto significa que quienes más pagan tienen más acceso, aunque esto conlleve el desperdicio de dosis mientras que en otras partes del mundo escasean. La exención de patentes desde el principio habría permitido que esta tecnología se produjera de manera más sencilla en todo el mundo.
Por ello, celebramos que, aunque tarde, se haya dado este paso para producir vacunas con esta tecnología donde se necesite, actualizándolas según las variantes circulantes, pero sobre todo para cambiar la mentalidad en el sistema científico.
Sin la exención de patentes en vacunas y tratamientos, no puede existir una salud global ni justicia social.
