El Partido Comunista de España condena con rotundidad las nuevas leyes represivas de Indonesia, exige al gobierno de Yakarta su anulación y reclama a la Unión Europea y al gobierno español el rechazo público de esa reforma, esperando también una contundente declaración del Parlamento Europeo.
Con el pretexto de superar el código penal impuesto por la colonización holandesa, el parlamento indonesio ha aprobado una revisión del código penal que busca en realidad perseguir la libertad. Las penas más elevadas están previstas para quienes se integren en una organización comunista y podrán llegar a los diez años de prisión, hasta cuatro para quienes difundan ideas comunistas.
El Partido Comunista, que fue prácticamente exterminado en 1965 tras el golpe de Estado del general Suharto (apoyado por Estados Unidos y Gran Bretaña), cuando contaba con más de un millón de militantes, sigue siendo ilegal y sus miembros perseguidos. El genocidio del PKI sigue impune: los asesinos y militares que sobreviven tranquilos no se avergüenzan de sus crímenes, y el Estado los honra, hasta el punto de ser entrevistados habitualmente en televisión y considerados héroes por los gobiernos. Pero el recuerdo del horror y de las matanzas sigue aplastando la memoria de los ciudadanos indonesios, que siguen prisioneros del miedo: la cacería llegó al extremo de que la sangre cubrió los ríos del país.
La libertad de expresión y las manifestaciones serán también perseguidas; la reforma busca reprimir también el adulterio, el sexo extramarital, las tendencias sexuales no permitidas, las supuestas ofensas al presidente y a la Pancasila (la ideología del Estado indonesio), la blasfemia y la desviación religiosa, castigándolos con penas de cárcel. Todos los partidos políticos consentidos por el régimen votaron a favor en el parlamento. La decisión es otro duro golpe para quienes reclaman libertad en Indonesia.
Pese a que los grandes medios de comunicación occidentales consideran al país una democracia, la celebración de elecciones no significa que haya libertad en Indonesia: ni con la dictadura de Suharto ni con los gobiernos que le sucedieron ha existido en el país; solo pueden actuar libremente los partidos políticos permitidos por el régimen, y el nuevo código penal y las leyes aprobadas indican el camino hacia un mayor fundamentalismo religioso y al aumento de la represión. El aborto seguirá siendo ilegal, en un país donde los herederos de la dictadura diseñaron un esquema político con una fachada democrática con varios partidos que esconde un sistema opresivo y oligárquico.
Los orígenes de esa aversión a la libertad vienen de lejos. La salida de Suharto en 1998, abandonado por Washington, fue cubierta con presidentes efímeros y después por un militar de la dictadura, Susilo Banbang Yudhoyono, formado en Estados Unidos, que mantuvo en lo esencial su política. La llegada del actual presidente, el liberal Joko Widodo, no supuso cambios relevantes: el poder sigue estando en manos de los mismos círculos empresariales y militares que se enriquecieron con Suharto, a quien siguen honrando.
El PCE reitera su solidaridad con los perseguidos comunistas indonesios, y llama a la clase trabajadora a manifestar su apoyo a quienes reclaman la libertad en Indonesia.
