El Partido Comunista de España (PCE) condena enérgicamente las políticas antiinmigración implementadas por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Nos alarman especialmente dos decisiones: la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar una persecución sistemática contra la comunidad migrante venezolana, y la retirada de visados a 532.000 migrantes caribeños, que expone a cientos de miles a una deportación inminente.
Esta norma arcaica, utilizada históricamente en contextos de guerra, se emplea hoy de forma arbitraria y con fines puramente políticos, vulnerando los principios fundamentales del Derecho Internacional y los derechos humanos. Su único objetivo es criminalizar y estigmatizar a la diáspora venezolana, privándola de sus derechos básicos y sometiéndola a deportaciones arbitrarias, separación forzada de familias y la utilización de terceros países como centros de detención extrajudicial, prácticas que constituyen delitos de lesa humanidad.
Resulta especialmente indignante la reciente deportación de 238 venezolanos a El Salvador, país al que su presidente, Nayib Bukele, ha transformado en un “estado-prisión”. Estos migrantes fueron trasladados sin juicio ni debido proceso, en un acto que constituye un secuestro masivo, realizado con la complicidad del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien ha reconocido públicamente su participación en esta operación ilegal.
Además, denunciamos la decisión de revocar la protección legal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que afecta a unas 532.000 personas y las expone a la posibilidad de deportación en un plazo de un mes. El ultraderechista Trump ha iniciado la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos, dirigida principalmente contra personas migrantes latinoamericanas. Esta espiral de medidas racistas y antiinmigrantes, que no conoce límites, representa una afrenta inaceptable para la dignidad y los derechos humanos de nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica y Caribe.
El PCE rechaza rotundamente la expropiación de bienes y la persecución sistemática de los migrantes, así como la amenaza de calificar sumariamente a menores de 14 años como “terroristas”, una acción sin precedentes que vulnera los derechos fundamentales de los niños.
Exigimos el respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos y nos sumamos al llamado de Venezuela a la unidad y solidaridad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Instamos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la comunidad internacional a movilizarse contra esta aberrante política y a denunciar estas flagrantes violaciones del Derecho Internacional.
Lo que está en juego no es solo la dignidad del pueblo venezolano, sino la soberanía de toda la región. No permitiremos que la persecución y el despojo se conviertan en norma.
¡Solidaridad internacionalista frente a la represión imperialista!
