El pasado 9 de septiembre, el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá en su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo, manifestó su voluntad de tomar medidas sobre jubilaciones anticipadas, al considerar que esta sería la causa del aumento del gasto de la Seguridad Social en los próximos años y proponiendo medidas que las penalizarían más de lo que están ahora. El Partido Comunista de España considera que el Ministro debería analizar por qué tantos mayores se jubilan antes de la edad antes de hacer tales propuestas.
En una sociedad con 4 millones de parados, en la que la mayoría de empresas no contratan por sistema personas mayores de 50 años, el ministro pone toda su atención en temas que ni recoge su propio programa electoral y que afectarían gravemente a este colectivo de personas, expulsadas de su puesto de trabajo por la última gran crisis capitalista y en gran parte desde entonces olvidadas. Además, el ministro Escrivá olvida el Acuerdo de Gobierno PSOE- Unidas Podemos: derogar la Ley de Sostenibilidad de las pensiones aprobada por el PP en 2013, aprobar una que asegure su revalorización según el IPC y la subida de las prestaciones mínimas.
La riqueza existente es fruto del trabajo: entre el 2000 y 2019 el PIB se multiplicó por seis, pasando de 431.293 millones a 2,64 billones de euros. Mientras 24.828 multimillonarios, apenas el 1% de la población, poseen el 47% de la riqueza. Hay suficientes recursos para asegurar pensiones dignas con una política fiscal progresiva y lucha contra el fraude, creando empleo digno con salarios dignos, no castigando a la clase trabajadora con nuevas penalizaciones que sumar a sus penalidades.
Los gobiernos del Aznar y Zapatero incumplieron los acuerdos del pacto de Toledo, gastando los 519.104 millones de euros de superávit de las cotizaciones (según datos de CCOO). Posteriormente, el gobierno de Rajoy dilapidó los 67.000 millones del Fondo de Reserva al asumir la Seguridad Social el pago de prestaciones, subvenciones a empresas, gasto sanitario, etc, a costa de las cotizaciones de las y los pensionistas, cuando debieron ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado.
El gobierno tiene medios para asegurar la estabilidad del sistema público de pensiones y el Ministro tiene la obligación de priorizar la estabilidad y aseguramiento de un Sistema Público de Pensiones en lugar de situar los planes de pensiones privados como prioridad a abordar por el gobierno, propuesta ajena a los acuerdos del programa electoral, con los bancos y entidades financieras como únicos beneficiarios, que son los que gestionan y deciden cómo invertir esos fondos.
El problema de las pensiones, presentes y futuras, está en los cambios que se dan en las empresas, en el sistema productivo y de relaciones laborales, que afectará a la mitad de la población activa de aquí a 30 años, que ya tiene efecto en el empleo, incluido en el sector financiero, en el que se han perdido 100.000 empleos, mecanizando y digitalizando los sistemas bancarios, generando grandes beneficios para una minoría y el empobrecimiento relativo y absoluto de la mayoría
Las pensiones futuras están condicionadas al reparto del trabajo y el empleo, a la salvaguarda y creación de empleo, al fin de la temporalidad, la parcialidad y la edad de jubilación. Hay que trabajar y luchar por un Sistema Público de Pensiones, asegurado por una Fiscalidad justa socialmente y que evite el fraude, y unas Relaciones Laborales basadas en el empleo de calidad, con derechos, con salarios dignos.
Los derechos de hoy son los derechos de mañana, y no podemos seguir dejando su gestión en las mismas manos privadas que nos han ido privando de ellos para su propio beneficio.
