En las últimas horas los asesinatos de líderes y lideresas sociales, persecuciones y traslados arbitrarios de cárceles de ex combatientes de las FARC en Colombia, han aumentado de forma alarmante.
Debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 el país se encuentra en cuarentena, hecho que está siendo aprovechado por escuadrones de la muerte para asesinar a líderes,y activistas sociales, como denuncian diferentes ONG's desplazadas en la zona en el periódico The Guardian.
Los y las activistas sociales también han denunciado estos hechos y señalan el temor a que estos asesinatos se incrementen durante el tiempo que dure el confinamiento en la cuarentena decretada en el país.
Zonas como la de la cuenca del Baudó, conocida hasta hace no mucho como el último remanso de paz de Colombia, están siendo golpeadas de forma salvaje por la violencia de grupos armados, que luchan por la disputa del control ilegal del territorio con en el propósito de movilizar la droga aprovechando la posición estratégica de la región y su condición de vulnerabilidad. Numerosos líderes étnico territoriales han sido asesinados en los últimos seis días en esta zona. También se ha denunciado el asesinato de Astrid Conde, Alberto Antonio Gallego y del líder campesino Putumayo, Marco Rivadeneira, todos firmantes del Acuerdo de Paz.
A esto hay que añadir los motines que se han ido produciendo en diferentes cárceles del país, en protesta por las nulas medidas sanitarias en las penitenciarías para prevenir la pandemia. Al descomunal motín de este fin de semana en la cárcel de la Picota en Bogotá, hay que sumar los de las cárceles de Ibague y Cúcuta. Fruto de estos motines se han reportado numerosos heridos que las autoridades no han dejado evacuar.
La organización Lazos de Dignidad ha manifestado que esta forma de actuar de la Fuerza Pública, durante los motines en las diferentes cárceles, podría constituir un crimen de Estado y una masacre en contra de la población reclusa.
Además la situación de confinamiento también está siendo aprovechada por el Gobierno de Duque para trasladar de forma arbitraria a presos y presas políticas con un pasado combatiente. Diferentes colectivos en Defensa de los Derechos Humanos, como el de Libres e Inocentes, han denunciado que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPC) de Colombia está realizando estos traslados de forma incomprensible. Así se denuncia la desaparición de los prisioneros políticos Moises Quintero, José Ángel Parra y Oscar Rodríguez, que se encontraban recluidos en la cárcel La Picota. Sus compañeros de celda denunciaron que otros prisioneros políticos de FARC también estaban siendo trasladados de la cárcel sin justificación.
Las prisioneras políticas Lizeth Rodríguez, Lina Jiménez y Alejandra Mendez, víctimas del montaje judicial conocido como Caso Andino, también han sido trasladadas de forma arbitraria de su celda con destino desconocido.
Diferentes integrantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIV) también denuncian estos hechos, la falta de medidas sanitarias en las cárceles ante el COVID-19 y la presencia en las mismas de firmantes del Acuerdo de Paz, habiendo pasado ya tres años de la firma.
Las denuncias descritas anteriormente son responsabilidad del Gobierno colombiano y del Presidente Iván Duque que a parte de no poner los medios necesarios para implementar el Acuerdo de Paz de 2016, sigue utilizando prácticas que podrían ser consideradas como terrorismo de Estado contra líderes y lideresas sociales, presos y presas políticas y firmantes del Acuerdo de Paz.
Por todo ello el PCE:
- Condena los asesinatos, la situación de vulnerabilidad de activistas y líderes sociales, así como los traslados arbitrarios de presos y presas políticas en las cárceles colombaianas.
- Condena la persecución y montajes políticos por parte del Gobierno colombiano contra ex combatientes y firmantes del Acuerdo de Paz.
- Exige que se implementen las medidas necesarias para proteger la salud de activistas, líderes sociales, presos y presas políticas y demás reclusos, sobre todo, en el tiempo que dure la cuarentena por la crisis del COVID-19.
- Exige al Gobierno de Iván Duque que deje las prácticas terroristas, impropias de un líder político y desarrolle las medidas necesarias para implementar el Acuerdo de Paz de 2016.
- Exige la condena unánime de la Comunidad Internacional ante los graves hechos reportados en Colombia en las últimas horas.
