La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha rehecho sus anteriores informes para intentar culpar ahora al Gobierno sirio de unos supuestos ataques con armas químicas ocurridos en marzo y abril de 2017. Entonces Siria combatía a los grupos yihadistas en el noroeste del país. Entre esos grupos se encontraba Jabat al Nusra, la franquicia en Siria de la organización terrorista Al Qaeda.
Con la acusación del uso de armas químicas se intentó detener esa ofensiva siria en legítima defensa de sus ciudadanos y su territorio. Por su parte, Estados Unidos utilizó el supuesto uso de armas químicas para lanzar el 7 de abril de 2017 un ataque con misiles contra Siria al margen de la legalidad internacional. Todo ello dos años después de que la propia OPAC certificara que Siria se había desprendido por completo de cualquier tipo de armamento químico cumpliendo así un acuerdo con la OPAC visado entre otros por los propios EE UU, Rusia y la UE.
La reciente reelaboración de informes anteriores de la OPAC a partir de conjeturas y testimonios de dudosa credibilidad no solo pone en cuestión el debido rigor de la organización. Puede conducir también a la adopción de nuevas decisiones unilaterales, injustificadas y contrarias al Derecho Internacional. Las declaraciones del régimen islamista turco exigiendo nuevas sanciones contra Siria van en esa línea. Tampoco son constructivas las manifestaciones del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. Josep Borrell ha dado por bueno este enésimo informe de la OPAC y amenaza con nuevas sanciones a Siria.
El pueblo sirio está sometido desde 2011 a un injusto e ilegal bloqueo económico cuyas consecuencias humanitarias son especialmente evidentes estos días. Para evitar el colapso de un sistema de salud público ya castigado por las sanciones y los ataques terroristas, Siria se ha convertido en el país del mundo que ha impuesto las restricciones más duras para contener la pandemia del COVID-19. Ello ha supuesto un parón casi total de su economía en un momento crítico para la reconstrucción del país y la vuelta de los desplazados.
La amenaza de nuevas sanciones sobre el pueblo sirio resulta contraria a las recomendaciones de Naciones Unidas, que ha pedido que se levanten las existentes para que países como Siria, Irán, Corea, Venezuela, Nicaragua o Cuba puedan combatir en mejores condiciones la pandemia.
El Partido Comunista de España denuncia esos intentos de imponer nuevas sanciones contra Siria y vuelve a reclamar el fin del bloqueo económico contra ese país. Igualmente, apoya al Estado Sirio en su lucha contra el terrorismo yihadista y exige la retirada de toda presencia de tropas turcas y estadounidenses en territorio sirio. El PCE reitera su apuesta por soluciones políticas, diplomáticas y democráticas para la resolución de conflictos.