En el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, el Partido Comunista de España rinde un homenaje a las mujeres y hombres que trajeron la democracia y la libertad a España.
A todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional vigente, la republicana, contra el golpe de Estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional, que comenzó en España la senda de destrucción que acabó convirtiéndose en el mayor holocausto que ha padecido la humanidad a lo largo de su historia.
Es de justicia recordarlo hoy, cuando el fascismo vuelve a emerger con fuerza a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas criminales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo.
Durante los 40 años de dictadura fascista, la principal fuerza de oposición democrática fue nuestro Partido, la mayoría de esos años en solitario. Los y las comunistas lucharon contra un Estado autoritario y liberticida omnipresente.
España fue una inmensa cárcel aislada del mundo y no dejó de serlo hasta el 6 de diciembre de 1978, gracias a la lucha infatigable de nuestro Partido.
La democracia y la Constitución no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aun hoy se niegan a reprobarla, ni el heredero del dictador impuesto por éste en la jefatura del Estado, ni los llamados “padres de la Constitución”.
La Constitución fue el resultado del trabajo colectivo de un pueblo levantado.
La Constitución la trajeron los hombres y mujeres que, con sus luchas y movilizaciones, con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias, con el sufrimiento soportado por el hambre, los malos tratos, la tortura y el exilio, no permitieron que la dictadura se extendiera más allá de la muerte del dictador.
Agradecimiento y reconocimiento eterno a todas ellas y ellos, a todos los veteranos y las veteranas comunistas que tanto han dado a España y tan poco han recibido a cambio. Tanta entrega y sacrificio merecen el homenaje unánime de nuestro pueblo y de su Partido, y en las personas de Víctor Diaz Cardiel y Paquita Martín, aquí presentes, hacemos orgullosamente dicho reconocimiento a toda la heroica militancia comunista que nos trajo la democracia y la libertad.
El PCE trabajó y luchó por la construcción de un gran acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la arbitrariedad y el autoritarismo. Gracias a ese trabajo y a ese acuerdo, la Constitución reconoció todos los derechos fundamentales para todas las personas:
Derechos civiles y políticos individuales - como la libertad de expresión y de movimiento, la prohibición de la tortura, el derecho de manifestación, la participación política, asociativa y sindical, el derecho de asilo, la libertad ideológica y religiosa-.
Derechos económicos y sociales, derechos colectivos - el derecho al trabajo, la protección social y por desempleo, la Seguridad Social, el derecho a la salud y a la educación de calidad, el derecho a una vivienda digna, la protección de la juventud y de la tercera edad, las pensiones dignas-.
Acordamos que España fuera un Estado social y democrático de derecho, donde los poderes públicos elegidos por el pueblo pudieran decidir y ejecutar políticas justas para garantizar una vida digna a todas, acabar con la pobreza y la desigualdad, generando y redistribuyendo la riqueza, e implantar sólidamente un régimen de derechos y libertades.
Eso fue lo que acordamos y para ello, en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existente, también cedimos, aplazando otras reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política, como el Estado federal, y la república como máxima expresión de la soberanía popular, aceptando una monarquía muy poco ejemplar que se ha convertido en uno de los principales motivos de desafección de la gente a las instituciones democráticas.
Pero no acordamos que el Estado se negara a garantizar los derechos económicos y sociales de las personas.
No acordamos que, en un país que está entre las 15 principales economías del mundo, la mayoría social, la clase trabajadora, se fuera empobreciendo, volviera la desnutrición infantil, y nuestros mayores fueran desprotegidos.
No acordamos que hubiera familias arrojadas de sus casas por los bancos.
No acordamos que la gente no tenga trabajo o que este sea indigno y no permita salir de la pobreza.
No acordamos que las personas, una vez alcanzada su plena madurez, fueran apartadas de la vida laboral y tratadas como una mercancía de usar y tirar.
No acordamos que nuestros jóvenes se quedaran sin becas, sin futuro, y fueran expulsados al exilio económico.
No acordamos que la sanidad y la educación fueran recortadas y privatizadas.
No acordamos que la codicia del capital y su afán desmedido por el consumo y la acumulación de beneficios envenenaran y destrozaran impunemente el medio ambiente.
No acordamos que la discriminación y la violencia de género cabalgaran desbocadas con la permisividad de la justicia.
No acordamos que el Estado se negara a recaudar lo suficiente y por tanto no se pudiera redistribuir para generalizar el bienestar.
No acordamos que España fuera el imperio de la corrupción y la impunidad de los poderosos.
No acordamos que la justicia dejara de emanar del pueblo y se arrastrara servilmente ante los poderosos.
No acordamos que se sancionara o encarcelara a artistas, periodistas o personas sencillas por manifestarse o expresar sus opiniones, aunque podamos discrepar de ellas.
No acordamos que a las víctimas de la dictadura y a los luchadores por la libertad se le negara el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, obligación de cualquier país democrático.
No acordamos que el dialogo político fuera sustituido por la fuerza y la coacción.
Y no acordamos que nuestras instituciones renunciaran a su soberanía económica, que emana de la soberanía popular, y quedaran a la espera de recibir permiso para realizar políticas que puedan garantizar la felicidad de nuestro pueblo.
Nunca acordamos perder nuestros derechos ni renunciar a exigirlos.
40 años después de 1978, 31 de los 46 millones de españoles y españolas –varias generaciones- no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas, pueblos y nacionalidades, cuál es el modelo social y económico, y el modelo de libertades que necesita España. Cualquier ley requiere ser actualizada a la realidad social de su tiempo.
Tras advertir reiteradamente sobre el incumplimiento del acuerdo constitucional por las fuerzas conservadoras y sus cómplices neoliberales, constatando que los anteriores, con sus políticas de austeridad, han impedido que la Constitución garantice la soberanía y condiciones de vida dignas para nuestro pueblo, el PCE da por concluido y agotado el pacto constitucional.
Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales a ponerse en marcha, movilizarse, organizarse, para así conseguir abrir un proceso constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad, donde los derechos no se “promuevan”, sino que se garanticen, máxime cuando de ello dependen la vida y la plena satisfacción de los derechos de millones de personas.
Como ha ocurrido a lo largo de la historia, la unidad de los que dependen para vivir de su trabajo, de la clase trabajadora, es la fuerza imparable que traerá un nuevo país.
Maxime hoy, cuando los que se opusieron a la Constitución del 78 añorando la Dictadura, -y hoy se llenan la boca con ella para negarnos los derechos que contempla-, quieren ilegalizar nuestro Partido, el que más sacrificio hizo para traer la democracia.
Convocamos a ingresar en el Partido Comunista de España a todas las personas dispuestas a trabajar por una vida digna, para impedir el avance del fascismo y por un nuevo proceso constituyente.
Un nuevo proceso constituye que asegure un futuro digno para nuestra juventud, para los que ya alcanzaron la madurez y para las personas mayores, que es un futuro digno para España.
Un proceso constituyente que nos permita recuperar nuestra soberanía y, poniéndola en común con otros pueblos de nuestro entorno, garantizar derechos y enterrar al neoliberalismo y las políticas de austeridad, única forma de impedir el avance del fascismo.
Queremos una Constitución que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades, como estableció el derecho internacional tras la derrota del nazismo y del fascismo.
Una Constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y nacionalidades que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo.
Porque la República es la patria de convivencia de los pueblos libres, que quieren y pueden elegir a todas sus instituciones y autoridades.
El PCE no pretende imponer nada a nadie, sabemos que el inaplazable proceso constituyente se construirá sobre acuerdos mayoritarios y trabajaremos por ello como lo hicimos hace 40 años.
Pedimos algo tan simple y democrático como que se oiga la voz y se respete la opinión de nuestro pueblo, de los millones de españolas y españoles que quieren ser protagonistas de la construcción del modelo de convivencia que garantice más y mejor democracia, derechos y libertades para los próximos 40 años.
