El pasado 3 de febrero se convalidó en el Congreso de los Diputados la reforma laboral, ya vigente por vía del Real Decreto desde el pasado 28 de diciembre, pactada en el diálogo social bajo el liderazgo de la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz Pérez, tras 9 meses de intensa negociación entre sindicatos CCOO y UGT, los empresarios y el ministerio de Trabajo.
Esta es la primera reforma laboral en más de 20 años que supone una recuperación de derechos de la clase trabajadora. Representa un cambio de paradigma al dar los primeros pasos para acabar con el modelo neoliberal basado en la precariedad y recupera la capacidad normativa y de intervención de los sindicatos. Todo ello supone la recuperación de los derechos de los trabajadores y la mejora de sus condiciones de vida, a la vez que el fortalecimiento del papel de los sindicatos de clase, factores con un importante alcance estratégico en el terreno político para el conjunto del movimiento obrero y para el proceso político de construcción de convergencia política y unidad popular que impulsa el Partido Comunista de España.
Tras muchos años de brutales recortes laborales y sociales, lo conseguido en esta reforma es producto de la lucha obrera y sindical durante décadas, en la que la militancia comunista ha jugado un papel trascendental, codo a codo con nuestros compañeros y compañeras de CCOO, UGT y otros sindicatos de clase.
La reforma laboral supone una clara mejora de las relaciones laborales de nuestro país en favor de la clase trabajadora, al hacer frente a la precariedad y temporalidad, tendiendo hacia un modelo de contratación indefinida, estable, con derechos y medidas alternativas a los despidos, además de propiciando importantes subidas salariales en sectores hasta ahora con pésimas condiciones laborales, gracias a la aplicación prevalente de los convenios sectoriales frente a los de empresa.
Entre las mejoras conseguidas destacamos las siguientes:
-
La nueva reforma generaliza el contrato fijo como el ordinario, reduciendo así drásticamente la precariedad, al restringir la contratación temporal a dos tipos (estructural y formativo), cuyos motivos deberán ser acreditados.
-
La nueva reforma penaliza duramente el enorme abuso de la patronal de la rotación y la temporalidad que hoy existe en España. El trabajador pasará a ser considerado indefinido si hay un incumplimiento legal de las normas de contratación temporal. En caso de uso fraudulento de la temporalidad, se elevarán las sanciones de la Ley de Infracciones y del Orden Social, estableciendo multas por cada situación fraudulenta individual y no por empresa, además de penalizar a las empresas que abusen de la temporalidad, con la rotación con contratos eventuales.
-
Se refuerza la definición y causaliza el contrato formativo, lo que se impedirá la utilización fraudulenta de estos contratos por las empresas para abaratar la mano de obra utilizando a estudiantes.
-
Se fomenta la modalidad del contrato fijo discontinuo, regulando de forma más estable la realización de trabajos estacionales o de temporada y reconociendo la antigüedad de toda la relación laboral durante el contrato, no sólo de los periodos trabajados.
-
Se establece el contrato fijo de obra del sector de la construcción.
-
Se prohíbe que las administraciones públicas puedan despedir por causas objetivas, económicas y organizativas.
-
En cuanto a la negociación colectiva, se restaura la ultraactividad indefinida, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, impidiendo la práctica habitual de la patronal de recortar salarios y derechos consolidados mediante la negativa a negociar nuevos convenios colectivos.
-
Se recupera la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa en materia salarial.
-
Para regular la subcontratación y contrarrestar a las empresas con convenio multiservicio, las contratas y subcontratas tendrán que aplicar el convenio del sector de la actividad realizada, convenios con mejores condiciones laborales
-
Para garantizar alternativas frente a los despidos se normaliza la utilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Una medida que da protagonismo a los sindicatos para frenar los despidos por la vía de la negociación colectiva y con la administración pública, atacando las causas y no atenuando las consecuencias cuando el despido es un hecho.
Por contra de lo que afiman los críticos con la reforma, queda claro que no se trata de “maquillaje”, “humo” ni de avances “insuficientes”, sino que representan un cambio de profundo calado. Solo hay que ver los datos de contratación indefinida durante su primer mes de vigencia, con la cifra record de 238.672 contratos fijos, lo que representa pasar de un 9% a un 15% en el mejor mes de enero de la serie histórica de contrataciones. Una cifra para hacernos una idea de la tremenda mejora de la reforma en las condiciones de vida de la clase trabajadora, es que puede significar que ocho millones contratos pasen a ser indefinidos o por los enormes incrementos salariales de miles de euros anuales, para los sectores más precarizados, al pasar a estar regulados por sus convenios sectoriales o por la prevalencia salarial del convenio de su sector (Kellys, seguridad, transporte, etc).
Los y las comunistas defendemos que el diálogo social es un componente insustituible de la negociación colectiva, lo mismo que la existencia de las mesas negociadoras de los convenios, donde tienen presencia los sindicatos en función a su representatividad ganada en las elecciones sindicales, y más, ahora que nuestra presencia en el gobierno refuerza las posiciones de los sindicatos y la clase obrera frente a la patronal. Como parte del movimiento obrero que somos, defendemos sin complejos la legitimidad democrática de los sindicatos para negociar, avalada en las urnas por millones de trabajadores en sus centros de trabajo y por su peso afiliativo, puesto que representa una conquista democrática y uno de los pocos elementos de democracia obrera en el capitalismo.
Ante el tamaño y la trascendencia de esta reforma, el PCE alerta sobre los hechos ocurridos en la votación parlamentaria de la reforma laboral, que han brindado una oportunidad a la derecha y la ultraderecha en su peligrosa campaña de desestabilización y deslegitimación, utilizando las diferencias en el seno del gobierno y en el bloque de investidura. Esta vez el bloque reaccionario y ultra ha estado a punto de hundir esta importante reforma laboral, que finalmente ha sido aprobada por un solo voto.
En caso de hundirse la reforma laboral, las fuerzas conservadoras y la clase social a la que representa habrían obtenido una importante victoria política al mantener íntegramente la reforma del PP del 2012. Toda España pudo comprobar escandalizada, tras el fin de la votación y el error en el anuncio del resultado por la presidenta del Congreso, la alegría y alborozo de la derecha y la ultraderecha al pensar que habían evitado la implantación de las medidas de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora que se contiene en la reforma. Su odio y desprecio a la clase trabajadora es directamente proporcional al volumen de los gritos que proferían y a la alegría que mostraban.
No perdemos de vista que el proceso de convalidación de la reforma laboral ha dejado importantes heridas en el bloque de investidura, bloque que es imprescindible reparar para poder concluir la presente legislatura con garantías de continuar implantando las medidas y políticas contenidas en el acuerdo del gobierno de coalición. No podemos estar de acuerdo con anteponer intereses electorales o territoriales a la consolidación de medidas que suponen la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora en todo el Estado, pero defendemos que no hay mayoría parlamentaria alternativa a la del bloque de investidura. Cualquier otra geometría parlamentaría, además de no servir para mantener al gobierno de coalición, haría imposible la ejecución del acuerdo programático de gobierno, porque debería contar con fuerzas de la derecha, lo que para el PCE haría inviable la aplicación de las medidas de progreso y recuperaciones de derechos de los trabajadores contendidas en el acuerdo programático que permitió constituir el actual gobierno de España.
Somos conscientes de las limitaciones derivadas de la actual correlación de fuerzas, y por las dificultades para movilizar debidos a la pandemia. Aunque sí se están dado movilizaciones de forma sectorial y en algunas empresas promovidas por los sindicatos, debemos trabajar para incrementar las luchas obreras y sindicales de forma inmediata, para impulsar más avances sociales y laborales y para que se cumpla el programa de gobierno.
Esta reforma también debe servir para los anteriores objetivos, para reforzar al movimiento obrero y sindical, y cambiar la correlación de fuerzas en favor de nuestra clase, para ponerla a la ofensiva para la conquista de nuevos derechos. Trabajando desde las posiciones que ocupemos en las movilizaciones y en las instituciones, en el gobierno y en los comités de empresa y los sectores, conjuntamente con los sindicatos, haciendo coparticipe a toda la izquierda, reforzando la organización y la actuación de los sindicatos de clase.
El Partido Comunista de España pondrá todo su empeño y medios en explicar los contenidos y avances de la reforma, y continuará dedicando sus esfuerzos para incrementar las movilizaciones sindicales y obreras, para reforzar el sindicalismo de clase y las organizaciones obreras. Y lo seguirá haciendo como hasta ahora, estrechando lazos y trabajo con los sindicatos de clase para que los derechos conseguidos en esta reforma y muchos mas por los que deberemos seguir trabajando, lleguen a las empresas y mejoren de forma tangible las condiciones de vida de la clase trabajadora.
