El PP, VOX y Junts tumbaron la semana pasada el decreto de medidas sociales impulsado por el gobierno en el Congreso de Diputados. Fue un atentado contra la mayoría social trabajadora, que va a afectar drásticamente a millones de pensionistas y familias trabajadoras, más a quienes se encuentran en situación vulnerable.
La posición antisocial de la derecha reaccionaria en el parlamento va a tener efectos devastadores para los sectores populares: rebaja de la pensión a más de 12 millones de pensionistas y del SMI y el IMV a más de tres millones de personas; fin de las ayudas al transporte público a 24 millones de personas, privación a centenares de miles de hogares humildes de las ayudas para comprar suministros básicos, e incluso, quedan desamparados ante el peligro de perder su vivienda con el fin la moratoria contra los desahucios. Y algo que es especialmente despiadado y miserable, con la caída del escudo social van a dejar sin ayudas a las familias afectadas por la DANA.
El recrudecimiento de la ofensiva de la derecha y la ultraderecha en España responde a la expansión social de la ola reaccionaria a nivel internacional, especialmente por la victoria de Trump en EEUU, que está desatando a fuerzas abiertamente neofascistas, anticomunistas y antiobreras. También es una profundización de su estrategia desestabilizadora y golpista (económica, judicial, mediática y psicológica), que trata de debilitar o hacer caer el gobierno progresista por cualquier medio, utilizando el descontento social contra el gobierno, especialmente contra las políticas sociales más avanzadas, impulsadas por la coalición Sumar, muchas veces a iniciativa de Izquierda Unida y el PCE.
Esta brutal agresión representa un peligro y una advertencia para la clase obrera y los sectores populares. La derecha intenta quebrar el bloque de investidura para hacer caer al gobierno naturalizando una nueva alianza entre PP, Vox y Junts. Es muy curiosa la hipocresía de la ultraderecha y derecha española y catalana, que ayer trataba de enfrentarnos por las banderas, para luego (como siempre y sin ruborizarse), llegar a acuerdos para actuar de forma coordinada en defensa de los privilegios de la oligarquía, las grandes empresas y fortunas, para atacar las condiciones de vida de la clase trabajadoras y las personas humildes.
Este ataque de la derecha no puede quedar sin respuesta, por eso apelamos al gobierno a que apruebe las medidas sociales con carácter de urgencia y por Decreto Ley. El PCE sabemos que para que las medidas sean aprobadas posteriormente en el trámite parlamentario y superar la frágil composición del bloque de investidura, va a ser imprescindible mantener una fuerte la presión a través de la movilización social.
CCOO y UGT han dado un paso al frente convocando movilizaciones el próximo domingo 2 de febrero en toda España. El PCE llamamos a la mayoría social trabajadora, a los/as pensionistas, a los movimientos sociales y las fuerzas democráticas, a participar masivamente y de la forma más amplia en defensa de la revalorización de pensiones públicas, del escudo social y la moratoria de los desahucios, las ayudas para el uso del transporte público y de las personas afectadas por la DANA, así como para desbaratar los planes desestabilizadores de la derecha y la ultraderecha.
En estos días en los que hemos conmemorado el 48 aniversario del asesinato de nuestros/as abogados/as de Atocha o de Arturo Ruiz por las bandas fascistas, en los que reivindicamos la memoria de la heroica militancia del PCE, de CCOO y otras organizaciones de izquierdas, democráticas y sociales en la lucha obrera y antifranquista, alzaremos más fuerte el eco de su voz y jamás pereceremos.
¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡No pasarán!
