Hoy, 28 de septiembre, salimos a la calle con la misma bandera que hemos enarbolado durante casi un siglo: la defensa del derecho al aborto como parte inseparable de nuestro programa emancipatorio de las mujeres. No es una concesión, no es un privilegio, no es un favor: es un derecho humano, y como tal lo hemos defendido en las Cortes republicanas, en la clandestinidad, en el Congreso y en la calle.
Los datos oficiales de 2024 son demoledores: de las 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo registradas, solo el 31% fueron farmacológicas, y la inmensa mayoría se realizaron en centros privados extrahospitalarios, casi el 71%. Los centros públicos apenas representan una cuarta parte del total. Detrás de estas cifras hay una realidad que vulnera derechos: en Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no existe ni un solo centro público que practique abortos. En Andalucía, con casi 20.000 abortos al año, solo hay dos centros públicos. En Madrid, de más de 18.000, apenas 740 fueron farmacológicos.
Esto significa que miles de mujeres tienen que desplazarse de provincia o incluso de comunidad para ejercer un derecho humano. Y son las más vulnerables —migrantes, mujeres con menos recursos, rurales— las que quedan atrapadas por esas barreras, porque no todas parten de las mismas condiciones para superarlas. Al final, el derecho al aborto acaba siendo una cuestión de clase: quien tiene dinero aborta en la privada; quien no lo tiene, se enfrenta a un calvario que convierte un derecho en un privilegio.
No olvidamos que esta desigualdad tiene raíces históricas. Ya en 1986, cuando se aprobó la ley de supuestos, el PSOE sacó un Real Decreto de Acreditación de Clínicas Privadas que dejó claro que nunca hubo voluntad política de resolver el aborto a través de la red sanitaria pública. Desde entonces, el PCE, primero en solitario y luego a través de Izquierda Unida y Unidas Podemos, hemos denunciado que la sanidad pública es la garantía del ejercicio del derecho. Y no cejamos en el empeño: en 2023, con una comunista al frente del Instituto de las Mujeres, impulsamos la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que devolvió a las menores de 16 y 17 años la capacidad de decidir libremente sobre su maternidad, eliminó el consentimiento paterno y creó registros de objetores para que la objeción de conciencia no siguiera siendo una barrera institucional. Pero no lo hemos conseguido todo: la sanidad pública sigue sin garantizar el aborto en igualdad de condiciones, y la medicina privada sigue siendo la que, en la práctica, sostiene este derecho.
Pero el problema no es solo de infraestructuras. En las comunidades donde gobierna el PP, y especialmente donde gobierna con VOX, se obstaculiza activamente el aborto: obligando a escuchar el latido fetal, negando la anestesia, o proponiendo ayudas al no nacido que no son más que una forma de culpabilizar a las mujeres. VOX se fundamenta en una ideología misógina que quiere devolvernos al papel servil del patriarcado, controlando nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y el PP pacta con quienes quieren llevarnos al pasado. Por eso, dar un voto a estas opciones políticas es hacernos el harakiri.
El PCE tiene memoria. En los años treinta, Dolores Ibárruri ya hizo campaña por el derecho al aborto en las Cortes republicanas. En 1980 presentamos en el Congreso una proposición de ley para legalizar el aborto libre durante las doce primeras semanas sin alegar otra causa que la libre decisión de la embarazada. En 1983, nuestros diputados propusieron la interrupción voluntaria del embarazo hasta los tres meses. En 2013, cuando el PP intentó retroceder con la ley Gallardón, el movimiento feminista y el Tren de la Libertad tumbaron el anteproyecto y provocaron la dimisión del ministro. Y en 2015, cuando volvieron a intentarlo exigiendo el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, volvimos a plantar cara.
Hoy, como ayer, seguimos defendiendo que el aborto salga del Código Penal, que se garantice en la sanidad pública, que se acabe con la objeción de conciencia institucional que nos expulsa de la pública, que haya aborto farmacológico en atención primaria y centros públicos, que ninguna mujer tenga que desplazarse por vivir en una comunidad sin servicios, que no se nos obligue a escuchar latidos ni se nos niegue anestesia, y que haya educación sexual integral y acceso a anticonceptivos. En la actualidad, desde SUMAR llevamos la propuesta de constitucionalizar el aborto para blindarlo: para que no dependa de mayorías cambiantes, para que no pueda ser revertido por gobiernos reaccionarios, y para que el derecho a decidir de las mujeres quede fuera del alcance de quienes quieren devolvernos al pasado. Exigimos que el aborto sea un derecho blindado en la Constitución, garantizado en igualdad de condiciones para todas, sin exclusiones.
El 28 de septiembre no es solo un día de conmemoración: es un día de lucha. Los derechos no se regalan, se conquistan, y una vez conquistados hay que defenderlos cada día. No permitamos que decidan por nosotras. No permitamos que nuestro derecho quede a merced de quienes no lo reconocen. Animamos a todas a salir, a gritar, a organizarse, a sostener este derecho en las calles y en las urnas. Porque nuestros cuerpos son nuestros. Nuestras decisiones son nuestras. Nuestras vidas son nuestras.
ABORTO LIBRE, SEGURO, LEGAL, GRATUITO Y EN LA SANIDAD PÚBLICA.
NUESTROS CUERPOS. NUESTRAS DECISIONES. NUESTRAS VIDAS.
