El derecho al aborto es una larga lucha de las comunistas del PCE que desde el activismo y desde las instituciones hemos defendido.
En los años treinta, Dolores Ibárruri, diputada comunista de las cortes republicanas hizo campaña por el derecho al aborto. El gobierno del Frente popular en 1937 aprobó una de las leyes del aborto más avanzadas de Europa. Avances republicanos sobre los que cayeron cuarenta años de retrocesos franquistas en igualdad, negando entre ellos el aborto libre.
Desde las primeras elecciones en el 1977, el PCE llevó siempre en su programa la despenalización del aborto y siempre sus iniciativas respondieron a las reivindicaciones del movimiento feminista desde el primer tercio del SXX hasta aquí. Cien años defendiendo el derecho al aborto con el movimiento feminista.
El 16 de mayo de 1980 el PCE presentó en el Congreso una proposición de ley de plazos para legalizar el aborto libre durante las 12 primeras semanas sin alegar otra causa que la libre decisión de la embarazada, que no prosperó.
El 26 de mayo del 1983, el PCE en el debate del congreso sobre la despenalización del aborto, propuso la interrupción voluntaria del embarazo hasta los tres meses. La propuesta no prosperó.
En 1985 el gobierno del PSOE despenalizó el aborto en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto. El PCE siguió defendiendo una ley de plazos que no prosperó.
En 2010 el gobierno del PSOE aprobó por fin una ley de plazos, que permitió el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. El PCE celebramos el avance, pero seguimos denunciando que no era garantista para todas de la misma manera porque la objeción de conciencia estaba siendo un hándicap para algunas mujeres que tenían que salir de sus comunidades o provincias para poder abortar. Seguía permitiendo que el aborto no se practicase en la sanidad pública y continuaba condenando a las mujeres, por su código postal o sus ingresos a vivir un calvario para abortar Ese mismo año la ley fue recurrida por el PP que vio rechazado su recurso en 2023 por el Tribunal Constitucional ya de mayoría progresista.
En 2013 el Gobierno del Partido Popular presentó una reforma de la ley del aborto que eliminaba la posibilidad de abortar libremente en las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985 al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes (en vez de uno) para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre.
Con el Tren de la Libertad, las movilizaciones del movimiento feminista hicieron tambalear a un gobierno de mayoría absoluta del PP, hasta el punto que el gobierno retiró el anteproyecto de ley en septiembre de 2014 y dimitió Alberto Ruiz Gallardón su ministro de Justicia.
El gobierno del PP en 2015 registró en el Congreso una nueva reforma de la ley del aborto, pero esta vez puntual, para exigir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo. Un retroceso respecto a la ley de 2010 que permitía abortar sin consentimiento aunque las obligaba a informar a sus padres salvo en caso de que existiera riesgo de violencia familiar. Mientras que las jóvenes de 15 años o menores necesitaban siempre permiso paterno.
En 2019 el PCE promovimos una campaña por “Un derecho constitucional: el aborto libre, gratuito y en la sanidad pública”. Tal como expresábamos en el manifiesto “No debe tolerarse que los derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras cuelguen siempre de un hilo”. En marzo de 2024 fue Francia el primer país del mundo en incluir el derecho al aborto en su constitución.
El gobierno de coalición del PSOE-UNIDAS PODEMOS en 2023, siendo directora del Instituto de la Mujer una dirigente del PCE y desde el ministerio de Igualdad dirigido por Unidas Podemos, se aprueba una nueva ley del aborto que permitirá a las mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. Estableciendo la obligación de las administraciones públicas que tienen delegadas las competencias sanitarias de garantizar la prestación de manera gratuita, accesible y próxima. Además, contempla la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas y otras medidas como la baja laboral en caso de menstruación incapacitante.
Sabemos cuál es el ideario global de las derechas extremas y extremas derechas respecto a los derechos fundamentales de las mujeres. Quieren negarnos el derecho al aborto porque quieren controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Un ejemplo lo tenemos en Hungría donde las mujeres están obligadas a escuchar el feto antes de abortar.
Este 9 de junio nos movilizaremos para que el Parlamento europeo tenga la mínima representación de la extrema derecha. Sabemos que tenemos que votar a quienes defienden nuestros derechos.
Por ello desde el PCE apoyamos la iniciativa europea del Movimiento “Mi Voz, Mi Decisión” para blindar el derecho al aborto en Europa.
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