El Partido Comunista de España celebra la exhumación del cadáver de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos. Es una actuación que se suma a la anterior exhumación del dictador, Francisco Franco, y a la realizada en la basílica de la Macarena de Gonzalo Queipo del Llano, consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el Congreso por la mayoría de izquierda.
Aún así, debemos recordar que, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, quedan pendientes exhumaciones similares de alto valor simbólico como la de los generales José Moscardó y Jaime Milans del Bosch en el Alcázar de Toledo, objeto de una iniciativa del PCE y de Izquierda Unida de Castilla La Mancha que fue acogida favorablemente por el Ministerio de Defensa y que según contestación oficial, ya se han iniciado los expedientes para el traslado de los generales golpistas a espacios privados.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar la situación de los miles de republicanos que todavía permanecen en el mausoleo del Valle de Cuelgamuros, en contra de la voluntad de sus familiares y descendientes, en lo que se considera la mayor fosa común de España.
Las actuaciones dilatorias de algunos jueces en connivencia con organizaciones ultraderechistas no pueden servir de excusa para justificar el retraso del proceso de exhumación y entrega a los familiares, ya que, como contempla la Ley de Memoria Democrática, es un derecho de las víctimas y una correlativa obligación del Estado.
Esta última es una actuación que debe tener prioridad, así como el conjunto de previsiones establecidas en la ley para el Valle de Cuelgamuros, como su resignificación para convertirlo en un lugar de recuerdo a las víctimas y condena del fascismo, con medidas tan concretas como el cambio de la señalización en las carreteras de acceso, algo que todavía no se ha ejecutado como puede observar cualquier persona que circule por sus inmediaciones.
Exigimos a todas las autoridades y, en especial, a la Delegación del Gobierno en Madrid, que se mantengan vigilantes ante las manifestaciones que pudieran desarrollarse por grupos ultraderechistas para hacer apología del golpe de estado y la dictadura en menoscabo de la dignidad de las víctimas, algo que tuvimos que sufrir en el anterior 20 de noviembre y que tuvo una reacción muy tardía en aplicación del régimen sancionador que incluye la nueva ley.
Transcurridos seis meses desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática queremos llamar la atención de la lentitud de su puesta en marcha y de la falta de su desarrollo reglamentario, fundamental para cumplir con el conjunto de los objetivos que plantea la nueva norma.
Están pendientes, entre otras tareas, iniciar los trámites para la creación de un registro y censo estatal de víctimas, la constitución de una oficina de apoyo técnico a las víctimas (algo trascendental ante la expectativa generada), la conformación de un banco estatal de víctimas de la guerra y la dictadura, la articulación de un censo del patrimonio documental, el nombramiento de un fiscal de sala, la realización de una auditoria sobre las incautaciones de bienes y sanciones económicas, el inventario de las obras realizadas con trabajos forzados, el catálogo de los elementos contrarios a la memoria democrática, el inventario de los lugares de memoria democrática, la designación del consejo de memoria democrática y dentro del mismo de la “comisión de la verdad”, la erección de un centro estatal de memoria democrática o la comisión técnica para atender a las necesidades de las víctimas de la transición.
Somos conscientes de la enorme tarea a desarrollar tras muchos años de injustificado olvido, por lo que ofrecemos toda la colaboración para abordarla de la manera más satisfactoria, labor en la que estamos convencidos que contaremos con el movimiento memorialista y el conjunto de las fuerzas progresistas y democráticas de este país.
