Ante el grave apagón sufrido el pasado lunes 28 de abril, tendremos que continuar analizando lo ocurrido y emitiremos las propuestas políticas que correspondan, sin embargo, y en primer lugar, reconocemos el esfuerzo realizado por los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico para lograr el restablecimiento del suministro, así como el trabajo desarrollado por tantos y tantas servidores públicos que han limitado el impacto de esta crisis.
En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que un bien básico como la electricidad, que debe ser considerado un derecho, no puede estar sometido a la lógica del beneficio privado como norma de funcionamiento, y más cuando la transición energética conlleva necesidades de inversiones para la adaptación del sistema que no se se están acometiendo porque pueden suponer costes que no se pueden compatibilizar con beneficios inmediatos.
La crisis sufrida pone de manifiesto que Red Eléctrica Española (REE) debe ser 100% pública para garantizar la titularidad de la infraestructura de transporte y para conseguir que la operación del sistema esté guiada por el beneficio social y no por la especulación con los precios para hacer negocio.
La producción eléctrica en manos del estado y gestionada para maximizar bienestar y no para maximizar beneficios puede ser un elemento muy útil frente a situaciones como las vividas el pasado lunes; por ejemplo la generación hidroeléctrica aporta de manera rápida estabilidad al sistema eléctrico. Siendo el recurso público las aguas, el resultado debe revertir en el conjunto de la sociedad, siendo que la gestión y lo que de ellas se produce sea electricidad pública… Y más cuando están vencidas muchas de las concesiones para la explotación, por lo que es el momento de recuperarlas de forma inmediata.
El sistema eléctrico necesita una planificación no indicativa, a largo plazo, bajo rigurosos criterios técnicos y anteponiendo el interés general de nuestro pueblo frente a los intereses económicos del capital. Y eso solo es posible con control democrático y propiedad pública.
