Las asociaciones conservadoras de Jueces y fiscales, llevan haciendo política partidista desde hace años. Más incipiente y notoria, cuanto más distante es la política del gobierno de los intereses de dichas Asociaciones; o al menos los intereses de las cúpulas directivas, que reciben el favor de la promoción profesional cuanto más cerca están de los intereses del Partido Popular y de las élites económicas que hacen negocio con el desmantelamiento de lo público. Porque de eso hablamos, de la concepción de la justicia como un servicio público que debe ser reforzado y mejorado, y no de un uso como contrapoder al ejecutivo y legislativo.
El PP y asociaciones conservadoras se retroalimentan y militan en las políticas más reaccionarias, haciendo un uso torticero de la teórica separación de poderes, tan imprescindible para hacer real un estado social y democrático de derecho.
Han apretado fuerte y coordinadamente contra leyes emanadas del legislativo, como la de “Solo Sí es Si”, y han secuestrado, incluso, el Consejo General de Poder Judicial, para evitar renovaciones y nombramientos durante un mandato de gobierno de coalición progresista.
El último ataque político al gobierno de coalición progresista, que para ellos no debe volver a reeditarse ni salir elegido democráticamente, es esta convocatoria de una mal y erróneamente llamada “Huelga”. Por tanto, afirmamos que nos encontramos ante un ataque organizado al Estado de Derecho, por quienes tienen la obligación de salvaguardarlo. Pero volvemos a insistir, hablamos de las cúpulas dirigentes de esas Asociaciones conservadoras, no del conjunto de los jueces y juezas, tampoco de sus asociados.
Y valgan datos para sostener la anterior afirmación:
Los datos objetivos nos indican, por un lado, que se está llamando huelga a lo que es un evidente chantaje sin sustento legal, porque los jueces ni tienen derecho a huelga, ni mucho menos a erigirse en los legisladores de una “huelga a la carta”, en la que curiosamente, no se descuentan salarios por día no trabajado, los mismos que jurisprudencialmente han interpretado que el ejercicio del derecho de huelga por el común de las y los trabajadores, conlleva el descuento no solo del día de salario, sino de todos los haberes que se generan anualmente en proporción, incluido incluso la no cotización por las empresas a la seguridad social.
Y por otro lado, los datos objetivos nos indican que esta “huelga a la carta” ha sido propuesta por las cúpulas de las Asociaciones convocantes, sin consultar siquiera con sus afiliados. Sería interesante saber cuantos afiliados de la Asociación Profesional de la Magistratura, están de acuerdo con la propuesta del gobierno de subida de su salario en más de 6.000 euros anuales, (500 euros al mes), que sus representantes han rechazado; o cuantos consideran que tienen derecho a la huelga, cuando la ley no les reconoce ese derecho. Ni tan siquiera está previsto en su estatuto profesional.
Afirmamos y mantenemos que el derecho de huelga de jueces y fiscales no existe, al igual que no existe el derecho de huelga de un general o de un ministro.
Y felicitamos y nos sumamos a la posición adoptada por las asociaciones de fiscales como la UPF, que ha firmado el acuerdo con la propuesta del gobierno, una vez reunidos a todos y todas sus afiliados, votando la aceptación de la oferta con un 94,81 %. Frente a ello, a los fiscales conservadores tampoco les han reunidos sus élites, no han contado con su opinión a ese “rechazo” a la subida salarial propuesta por el gobierno.
Por tanto, si los que convocan una “huelga” y rechazan la propuesta del Gobierno no han reunido a sus representados, y quienes han reunido a sus asociados aceptan la propuesta casi con un 95% de apoyo, ¿cuál es el motivo de dicha convocatoria de huelga?
Pues no es otro que con el que comenzábamos este comunicado: exclusivamente el motivo es político, y no en la mejor versión del término (propositivo y de mejora del servicio público), sino con una clara vocación partidista a favor de la derecha y la extrema derecha, y de desgaste del actual gobierno de coalición, en un año marcado por las citas electorales. Haciendo un uso torticero y nada ético de un poder del Estado, y sin contar con sus componentes para hacerlo. Es pues una convocatoria política, sectaria, y con el único fin de entrar en campaña para pedir el voto en contra del gobierno progresista. Un despropósito, y un ataque a la división de poderes y al Estado de Derecho, un desprestigio para el Poder Judicial, y un aviso al legislativo para plantearse articular mecanismos efectivos que frenen la arbitrariedad en manos de unas minorías que no dudan en usarlas contra los intereses de lo público, de lo que es un bien de toda la sociedad.
