Ayer miércoles 15 de diciembre tuvo lugar un evento emocionante y a la vez necesario en el Congreso de los Diputados. El seminario sobre lawfare, organizado por Unidas Podemos y titulado “Los seis de Zaragoza” reunió a periodistas, políticos, activistas y profesores, pero en especial, a familiares y amigos de los jóvenes detenidos injustamente, acusados sin pruebas ni testigos.
La primera mesa del evento estuvo formada por la Plataforma de Madres y Padres de los 6 de Zaragoza. Entre los ponentes se encontraba uno de los jóvenes afectados, que relató los sucesos por los que se les condena y transmitió su miedo y angustia a los asistentes. En pleno 2021, estaba sufriendo una “persecución por ir a una manifestación”, según afirmó en su intervención.
En la segunda mesa, se expusieron otros casos de acoso judicial, sufridos por otras personalidades políticas, como Isa Serra, Vicky Rosell, Alberto Cubero y Bel Pozueta, madre de uno de los jóvenes condenados en Alsasua en un contexto similar al de “Los seis de Zaragoza”, quien pudo contar el sufrimiento de las familias ante la imparcialidad de los distintos órganos judiciales, medios de comunicación y políticos españoles.
El camarada Alberto Cubero, militante del PCE y Secretario General del PCE Aragón, además de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, relató su caso de acoso judicial y policial con la justicia española. Cubero, que realizó unas declaraciones ejerciendo su derecho de libertad de expresión y opinión, que además no tuvieron ninguna repercusión ni en prensa ni en los partidos políticos de la oposición, fue querellado días después de sus declaraciones. No fue hasta que Pablo Iglesias tuvo que abandonar aquel ruidoso debate de La Ser, que comenzó la persecución judicial a Cubero.
El concejal compartió a los asistentes como desde los órganos judiciales se utilizó la expresión de “apólogo del comunismo” como sinónimo de violencia y se le preguntó por su militancia en el PCE. Un relato que recordaba a décadas atrás, cuando la libertad de expresión y militancia en cualquier partido contrario al régimen impuesto estaba penada con cárcel. Las peticiones de condena, exageradas hasta un punto inimaginable, pedían hasta 5 años por Vox y 2 años y medio por la Fiscalía. Según Alberto Cubero, estos casos “envalentonan a la derecha”. Además, reflexionó sobre cómo “hay agresiones en Zaragoza todos los fines de semana a personas LGTB sin detenidos”.
La sensación que dejaban estos testimonios era de indignación por la injusticia, pero a la vez de miedo. Miedo a volver a callar ideas o dejar de asistir a manifestaciones por la imparcialidad de la justicia y los procedimientos judiciales que no respetan las leyes.
Isa Serra, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, compartió también su caso sobre acoso policial, dejando claro que existe una “criminalización del activismo social” y que “la justicia no es neutral”. Por su parte, Bel Pozueta afirmó con contundencia que “la justicia, si funciona, funciona a un lado y no al otro”. En el caso de su hijo y los demás jóvenes de Alsasua, se pasó “de un tobillo roto a un acto de terrorismo”, afirmó Pozueta.
Vicky Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, contó su batalla contra sus compañeros de profesión que trataron, con pruebas falsas, de hundirla. Según Rosell, llegó a sentir “miedo de toga”.
Un suceso que dejó clara la degradación de la democracia provocada por la extrema derecha fue el sabotaje, o intento de sabotaje, por parte de Vox quien, en una acción que recuerda a épocas pasadas y peligrosas, mandó a un diputado entrar disimuladamente en el acto para dejar un altavoz bajo las sillas de la sala y hacerlo sonar durante la intervención de los políticos del BNG, la CUP, EH Bildu, Unidas Podemos, ERC y Compromís.
El resto de intervenciones dejaron ver que la extrema derecha también está detrás de una toga, con la Policía como fuerza bruta legítima y brazo represor del Estado burgués. En la actualidad, la aplicación justa de la legislación respecto a los delitos de odio está en peligro, además de que leyes como la Ley Mordaza o la negativa de derogar la Ley de Amnistía afectan a nuestra democracia. En el acto quedó clara una idea: casos de acoso judicial, ¿le pueden pasar a cualquiera, o solo a las personas que luchan contra un régimen reaccionario?
