El periodista Guillermo Martínez fue agarrado, empujado al suelo y agredido por un agente de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional el 7 de abril de 2021 mientras cubría para El Salto Diario el mítin del partido político Vox en Vallecas (Madrid). El informador denunció los hechos ante la Justicia como un posible delito leve de lesiones por parte del agente antidisturbios.
Pese a un informe forense que acredita hematoma perfectamente compatible con un porrazo policial (10×2,5 cm.), los vídeos que muestran cómo lo tiraron al suelo sin darle tiempo a mostrar su identificación profesional y la declaración del denunciante y de tres periodistas testigos, la jueza no solo no aprecia agresión alguna en la actuación sino que considera acreditado que la misma no existió, imponiéndole las costas de la defensa del acusado al entender que ha actuado con “mala fe y temeridad procesal”.
Lo más grave del asunto viene después, ya que la jueza establece que se investiguen las declaraciones de la acusación y sus testigos para que se abra un procedimiento penal contra los cuatro periodistas por un posible delito de falso testimonio que puede acarrear hasta dos años de cárcel y una cuantiosa multa económica para cada uno de ellos.
Esta sentencia supone no sólo un ejemplo de la impunidad de la violencia policial ejercida contra periodistas. Es un ataque al periodismo y lanza un mensaje de las consecuencias que puede tener denunciar judicialmente la violencia policial. La jueza, receptora de una medalla al mérito policial a propuesta de la Brigada Provincial de Información de Madrid, considera que ni los vídeos, ni las declaraciones de cuatro periodistas, ni un informe forense prueban la agresión.
A nivel internacional, la Comisión Europea ha hecho públicas, recientemente, unas recomendaciones a los Estados miembros al observar un aumento de los casos de intimidación a la prensa. Más concretamente, la Federación Europea de Periodistas ya ha señalado en sus informes un aumento de la violencia policial contra periodistas en España, y este caso corrobora lo ya explicitado.
Expresamos nuestro apoyo a los cuatro periodistas, con quienes nos solidarizamos. De igual manera, hacemos un llamamiento al sector periodístico y a la ciudadanía para secundar los diferentes actos de apoyo que se organizarán en su defensa. No existe otra forma de dignificar la profesión y garantizar el derecho a la información.
Las organizaciones firmantes pedimos:
- La estimación del recurso que se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que se pide la repetición del juicio y la nulidad de la condena en costas y la posible apertura de un procedimiento penal contra los periodistas.
- El archivo inmediato del nuevo procedimiento penal que puede abrirse contra los cuatro periodistas por un supuesto delito de falso testimonio.
- La derogación de la Ley Mordaza, normativa jurídica que limita la libertad de información tanto a la ciudadanía receptora como al periodista en su función de informador.
Firmantes del manifiesto: CNT Prensa y Comunicación, Plataforma por la Libertad de Información (PLI), Reporteros sin Fronteras, Agrupación de Periodistas de UGT (FESMC-UGT), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Unió de Periodistes Valencians, Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Industrial Workers of the World Freelance Journalists Union, Federación Europea de Periodistas (FEP), Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), Sare Antifaxista, Irídia, Marx21.net, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista de España (PCE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Más País, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Junts per Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Anticapitalistas y el senador de Compromís Carles Mulet.
Fuente: CNT Madrid
