La historia de las dos últimas décadas de ALCOA es la de un inmenso desfalco al patrimonio público. El gobierno de Aznar malvendió en 1998 la empresa pública INESPAL, única productora de aluminio del país, a la multinacional estadounidense ALCOA, cuando contaba con amplios beneficios, por un precio que más parecía un regalo: apenas 100 millones de euros.
No fue una operación puntual, sino todo un plan de privatizaciones. Incluso se creó el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) para asesorar al Gobierno de España en materia de privatizaciones de empresas públicas: así cayeron Telefónica, Gas Natural, Endesa, Repsol, Iberia, etc...
Pero la historia es más trágica e indignante aún: el 1 de marzo de 2010, se publicaba que la SEPI (el grupo empresarial del Estado), afrontaba un agujero de al menos 37 millones por la privatizada INESPAL. Parece que el CCP no hizo bien su labor. O quizá si. En julio de 2011, en mitad de la anterior crisis, el Estado pagó 180 millones a ALCOA por la factura eléctrica de los últimos tres años de la privatizada Inespal. El estado perdió dinero con la privatización, además del control democrático de una industria estratégica.
Pero no solo esto, durante estos años ALCOA ha venido recibiendo numerosas subvenciones públicas: solo en 2019, 25 millones de euros en ayudas compensatorias por la fábrica de Lugo.
Durante estas décadas, la empresa quedó reducida a su mínima expresión, manteniendo operativos 3 de los 13 centros de trabajo con los que contaba en el momento de ser privatizada y en lo últimos años, Alcoa vendió las fábricas de Coruña y Avilés, de forma tramposa para que acabaran en manos del Grupo Riesgo, especialista en liquidar empresas. Como enésimo capítulo de este drama, ayer conocimos que ALCOA ha decidido cerrar la planta de San Cibrao (Lugo).
Ante la grave situación para los trabajadores de de ALCOA y Alu Ibérica, para la Mariña de Lugo, A Coruña y Avilés y para toda la industria del país que venimos padeciendo desde hace casi dos años, el PCE defiende:
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El Estado deber intervenir inmediatamente las plantas productoras de aluminio ahora en manos de Alcoa y Grupo Riesgo y reconstruir INESPAL: la viabilidad del país está en juego con el cierre de las fábricas de aluminio.
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Recuperar los sectores estratégicos y los servicios públicos que garantizan la vida digna para nuestro pueblo y que fueron expoliados bajo los gobierno del PP y el PSOE: energía, transporte, telecomunicaciones, agua, sanidad, educación. Son fundamentales para afrontar la crisis y el proceso de reconstrucción necesario sin dejar a nadie atrás.