No a la equiparación del comunismo con el fascismo: ¡sin antifascismo no hay democracia! (*)
El pasado 19 de septiembre de 2019, a iniciativa de un grupo de diputados conservadores, populares, liberales y socialistas, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que, con la pretensión supuesta de defender la importancia de la memoria histórica, criminaliza el comunismo y emplaza a una ofensiva sin precedentes contra los lugares de reconocimiento de las luchas antifascistas en el conjunto del continente.
El medio para llegar a esta conclusión, a través de una lectura muy peculiar de los hechos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, ya empleado en otras ocasiones por los sostenedores del régimen en la UE, es su equiparación de los crímenes del nazismo con los supuestos “crímenes del estalinismo”, según los términos utilizados en la resolución del Parlamento Europeo.
Como cuestión previa, el régimen nazi no puede equiparse a ningún otro régimen político habido en la Historia de la Humanidad, dado que es el único que ha teorizado y puesto en práctica el exterminio industrial de colectivos humanos.
Según la resolución, la Segunda Guerra Mundial fue resultado directo del conocido pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética “que compartían el objetivo de conquistar el mundo”. Con esta lapidaria interpretación oficial de un escenario político-diplomático tan complejo como el previo al estallido de la guerra, la resolución elude cualquier mención a tres hechos relevantes que no deben ser obviados al valorar responsabilidades y promover el necesario desarrollo de una memoria histórica democrática:
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En el caso de nuestro país, el acuerdo de no intervención de las potencias capitalistas liberales con las nazi-fascistas en la guerra de agresión frente a la democrática y pacífica república española, que en la práctica garantizó su éxito, primer ensayo de lo que luego se aplicaría a gran escala en la Segunda Guerra Mundial. Recordamos una vez más que fue la Unión Soviética el único país europeo que apoyó al legítimo gobierno de España.
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En segundo lugar, fueron las grandes potencias capitalistas de Francia y el Reino Unido (quienes desde el siglo anterior se habían repartido el mundo como colonias mediante guerras de agresión y esto no es un juicio de intenciones, como hace la resolución, sino un hecho constatable con un simple vistazo al mapa político de la época), quienes permitieron la anexión de Austria, pactaron en Múnich con el régimen nazi la desmembración de un Estado soberano como Checoslovaquia; las mismas potencias que rechazaron los esfuerzos de la diplomacia soviética por alcanzar alianzas para frenar el expansionismo nazi. Un análisis de estos hechos aceptado hoy por una historiografía muy generalizada, concluye que existía una clara intención de las diplomacias de Reino Unido y Francia de empujar dicho expansionismo hitleriano contra la Unión Soviética.
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Por último, la resolución del Parlamento Europeo, no hace mención alguna de las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, por citar las más conocidas, así como la puesta en marcha de mecanismos internacionales como la ONU en la postguerra, que establecieron un conjunto de directrices y normas en la resolución de los conflictos fronterizos y el reconocimiento de Estados, tampoco menciona el sufrimiento del pueblo soviético durante la agresión nazi y sus consecuencias: 20 millones de muertos y la práctica destrucción de las zonas invadidas del país. Ignorarlo en este momento, como hace la resolución, cuestiona principios básicos de Derecho internacional y acuerdos en los que participaron los Estados miembro de la UE.
Con todo, lo más grave de la resolución es el ejercicio de desplazamiento terminológico que equipara el nazismo al comunismo y estalinismo -cuando con este último término se define el proceso de construcción del socialismo en la URSS durante el periodo en el que el máximo dirigente fue Stalin, quien tuvo que hacer frente a la agresión del nazifascismo-, para llegar torticeramente a la conclusión establecida en el Considerando F de la misma, donde señala “que, en algunos Estados miembros, las ideologías comunista y nazi están prohibidas por ley”, como un elemento positivo que debe ser tenido en cuenta por las instituciones comunitarias y los Estados miembro.
Además, la resolución hace un llamamiento a eliminar de los espacios públicos (parques, plazas, calles, etc.) la terminología, los monumentos y los lugares conmemorativos, en definitiva todo aquello que facilite “la distorsión de los hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario”; este eufemismo encubre una intención clara de borrar las huellas de las resistencias populares que vencieron la barbarie nazi-fascista, imponiendo un relato oficial anticomunista acorde con los intereses de las oligarquías que pretenden mantener la hegemonía neoliberal en la UE; esta amenaza a nuestra historia común de lucha, debe hacer encender la alerta antifascista en toda Europa para defender nuestra memoria democrática.
No deja de ser una lamentable paradoja que un Parlamento Europeo cada vez más condicionado por la extrema derecha, que utiliza cada vez más expresiones xenófobas como la del “estilo de vida europeo” y avala las políticas de la Europa fortaleza que están llenando de represión, sufrimiento y muertes sus territorios y fronteras, utilice el argumento de la lucha contra el racismo para justificar esta resolución y el proyecto antidemocrático que contiene.
La intención de esta resolución del Parlamento Europeo no tiene ningún interés real en combatir el racismo o desarrollar la memoria democrática en la UE; en realidad está claramente dirigida a criminalizar el comunismo, una fuerza política que no rehúsa la valoración de las acciones que se hayan cometido en el pasado en su nombre, pero que ahora es perseguida porque cuestiona el régimen actual impuesto desde la UE; máxime en este momento, cuando se anuncia una crisis económica, todo el interés de quienes han aprobado esta resolución es desacreditar cualquier proyecto alternativo que cuestione el modelo neoliberal que está generando un profundo malestar.
Sin antifascismo no hay ni memoria democrática ni futuro de derechos y libertades en la UE. Con anticomunismo no hay democracia ni proyecto europeo alguno. ¡Desenmascaremos a quienes sólo pretenden neutralizar un proyecto alternativo de democracia plena, justicia social, derechos y libertades! El Partido Comunista de España hace un llamamiento a desarrollar una amplia movilización para defender el patrimonio de las luchas antifascistas y enfrentar cualquier retroceso que se quiera imponer desde la UE.
Secretariado del Comité Central del PCE
Madrid, 26 de septiembre de 2019
(*) Por error subimos y difundimos un borrador previo de la resolución, siendo esta la redacción final.
