El 27 de marzo Estados Unidos emitió una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros miembros de su gobierno, bajo la acusación de narcotráfico, sin aportar pruebas, en una grosera violación del derecho internacional. Además, el gobierno estadounidense puso precio a la cabeza de todos los acusados.
Poco después, insistiendo en su agresiva política exterior, el Departamento de Estado norteamericano hacía público un documento denominado Marco para la Transición democrática en Venezuela, que supone una nueva injerencia en los asuntos internos de otro país, arrogándose el derecho de exigir al gobierno venezolano que renuncie al poder que le otorga la Constitución para que sea sustituido por un “gobierno de transición”. Esa reclamación, que rompe cualquier relación entre Estados basada en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, es un paso más en la campaña desatada por Washington para derribar al legítimo gobierno venezolano, recurriendo para ello al chantaje, el sabotaje económico, la presión diplomática, el estímulo a terceros países para que contribuyan al acoso del gobierno de Maduro, la ayuda política y financiera a la oposición venezolana que persigue un golpe de Estado, e incluso la asistencia a grupos armados que intentan crear tensión y caos en el país. Una vez más, Estados Unidos se arroga el derecho de dictar su voluntad a otros países, de derribar gobiernos, de imponer sus leyes y sus intereses al margen de cualquier norma de conducta civilizada, comportándose como un verdadero Estado delincuente.
Cuando Estados Unidos, como el resto del mundo, se enfrenta a una grave crisis a causa de la pandemia del Covid-19, el gobierno Trump utiliza el espantajo del supuesto peligro que supone Venezuela para desviar la atención de su deficiente e irresponsable actuación para combatir el grave peligro sanitario, que ha puesto en evidencia su defensa de los grandes conglomerados económicos y su despreocupación por la vida de millones de norteamericanos.
Por ello, el Partido Comunista de España:
—Condena las amenazas, la injerencia y el apoyo de Estados Unidos a los planes golpistas para derribar al legítimo gobierno de Venezuela.
—Exige de nuevo al gobierno de Trump que levante las sanciones contra Venezuela que no son sino una extorsión que atenta gravemente contra el bienestar del pueblo venezolano, en una situación de pandemia mundial, que el gobierno de Maduro está combatiendo con firmeza.
—Exige una firme condena de la comunidad internacional al respaldo de Estados Unidos a los planes golpistas en Venezuela.
—Reitera su solidaridad con el pueblo venezolano y con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.