Desde el PCE y la UJCE manifestamos nuestra indignación ante la violencia estructural que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en España, como se demuestra en los casos de los violadores de “La Manada” o de las jornaleras marroquís de la fresa en Huelva.

Por un lado, la sentencia del caso de los violadores de “La Manada” del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que ratifica lo que en su día hizo la Audiencia Provincial, rechazar que hubo violación. Por otro lado que se haya archivado la investigación sobre acoso y abuso sexual a cuatro temporeras de la fresa de origen marroquí, por parte de su patrón, según lo sentenció el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Palma del Condado (Huelva), porque según el juez “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”.

Dichas decisiones judiciales son reflejo de una justicia patriarcal que banaliza los hechos, además de que demuestra que la cultura de la violación sigue estando muy presente. “Siempre se acaba culpabilizando a la víctima”.

Los casos recientes no son únicos, solo son la punta del iceberg. Por ello urge que el Gobierno modifique el Código Penal para que las relaciones sexuales no consentidas sean siempre calificadas como delito de violación, algo que ordena el Convenio de Estambul, firmado en 2011 y al que España se sumó en 2014.

También urge una ley de violencia de género que vaya más allá de las agresiones en la pareja y abarque todas las violencias machistas en general. Urge coeducación en todos los ámbitos de la vida y educación sexual entre personas libres e iguales. Es necesaria la formación de todos los y las profesionales que intervienen en el proceso de atención y denuncia de las víctimas de violencias machistas. Lo que se constata en los magistrados que han negado la violación en el caso de los violadores de “La Manada” que parece que deben desconocer profundamente el proceso psicológico de las víctimas, que en la mayoría de los casos, ante una situación de violación múltiple tienen una única forma de sobrevivir que es no defenderse.

En el caso de las temporeras de la fresa no solo se demuestra que la justicia es patriarcal sino que además es capitalista y racista.
Las trabajadoras de la fresa están atadas a un contrato laboral que implica la vuelta al país una vez terminada la temporada de producción. De este modo queda limitada la movilidad en el país de “acogida” controlada por los empresarios que tienen a disposición a las mujeres inmigrantes cuando lo necesitan.

El archivo de este caso demuestra que la violencia sexual es un eslabón más de una larga cadena de violencias que el Estado y sus instituciones legitiman.

Desde el PCE y la UJCE nos sumamos a las concentraciones de apoyo a las jornaleras marroquís de la fresa en Huelva y manifestamos que es necesaria una respuesta contundente de la sociedad junto al movimiento feminista en contra de la justicia capitalista, patriarcal y racista que sitúa a las mujeres en situación de total indefensión frente a las violencias sexuales.
 
 ¡Por una vida digna libre de explotación sexual y laboral!