Por una salida democrática a la crisis política en Perú

Tras la destitución forzada de Pedro Castillo como presidente de Perú el pasado 7 de diciembre, Dina Boluarte, vicepresidenta hasta ese momento, asumió el poder de facto en Perú.

Inmediatamente el profesor Castillo fue detenido bajo acusaciones de rebelión y conspiración, a pesar de que no se cumple el tipo penal exigido para que se den ambos delitos. El juez supremo Juan Carlos Checkley, ha decretado 18 meses de prisión preventiva contra él,  mientras las calles de Perú arden en rechazo a la presidenta de facto, exigiendo la libertad de Castillo, el cierre del Congreso y el inicio de un proceso constituyente.

La situación se ha tornado extremadamente grave y ya van más de 20 personas muertas fruto de la brutal represión hacia las protestas que exigen un respeto de la voluntad popular que emanó de las urnas hace ahora 16 meses. Además, en las últimas horas las sedes de organizaciones sociales y partidos de izquierda, como las de Comunidades Campesinas, el Partido Socialista o Nuevo Perú, han sido allanadas por la policía amparándose bajo el decreto de Estado de Emergencia, dictado por un Congreso que se sostiene con una aprobación de un escaso 6%.

Desde la asunción de la presidencia por parte de Pedro Castillo en 2021 fruto del apoyo de las clases populares en las elecciones presidenciales de aquel momento, la extrema derecha y la oligarquía peruanas han sembrado la inestabilidad política contra un dirigente de origen popular y campesino, ya que no iban a permitir que sus privilegios se viesen afectados ante posibles políticas que podían reducir la brecha de desigualdad que atraviesa Perú.

El Partido Comunista de España se solidariza con las legítimas protestas del pueblo peruano y exige que se ponga fin a la represión y persecución de las protestas.

Solicitamos garantías legales y el respeto por los derechos del profesor Castillo.

Rechazamos cualquier tipo de injerencia extranjera y las maniobras que han podido llevar a cabo en el golpe contra Castillo la OEA o EEUU, cuya embajadora en el país, Lisa Kenna, se reunió con el Ministro de Defensa un día antes del golpe.

Rechazamos la decisión del congreso de convocar elecciones para 2024 ya que el pueblo peruano tiene derecho, de forma inmediata, a expresarse a través de  las urnas e iniciar un proceso constituyente que ponga fin a todo resquicio de la dictadura de Fujimori que aún asola el país.