El PCE junto con IU y el Foro de Abogados de Izquierdas hemos presentado una querella criminal ante el Tribunal Supremo ante los indicios de posibles delitos de corrupción cometidos por el rey emérito, Juan Carlos Borbón y personas de su entorno, al hilo de las grabaciones ya conocidas por la opinión pública. “Presentamos la querella para que se investigue y se aclare si se ha usado la jefatura del Estado en provecho propio y no para las funciones a las que le obliga la Constitución”, sentenció el máximo dirigente del PCE.
“Desgraciadamente no todos los españoles y españolas son iguales en derechos, ni iguales ante la ley”, ha declarado nuestro secretario general del PCE, Enrique Santiago, ante los medios al inicio del acto celebrado esta mañana en Madrid con motivo del 40 Aniversario de la Constitución española, acompañado por el coordinador general de IU, Alberto Garzón.
La querella que impulsa nuestro Partido conocida ya en las redes como “#QuerellaBorbón”, se debe en palabras de Enrique Santiago a “la absoluta dejadez de las instituciones del estado a la hora de investigar hechos que ponen de manifiesto la evidente confusión entre las funciones del Estado y los negocios particulares, probablemente de carácter ilegal que provocan desafección a las instituciones y a la democracia”.
La querella registrada ayer ante el Supremo se dirije sobre nueve personas, entre ellas Juan Carlos de Bordón, su amiga especial y empresaria comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, y el comisario de Policía detenido José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
En el texto se imputan hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
