El Partido Comunista de España rechaza la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de avalar la constitucionalidad de la Ley Orgánica Seguridad Ciudadana (LOPSC), una norma que supuso un grave retroceso en el régimen de derechos y libertades en España y que debe ser derogada, tal y como está contemplado en el acuerdo de legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE.
Lo más grave del pronunciamiento que hemos conocido hoy es la posibilidad de las devoluciones o expulsiones en caliente, algo que entendemos contrario al Derecho internacional y las más elementales normas de Justicia. La posibilidad de que una persona perseguida pida asilo y que en su pretensión de cruzar una frontera le sean garantizados todos sus derechos, con total transparencia, es puesta en cuestión con este tipo de prácticas. La situación actual de emergencia humanitaria de las personas refugiadas en el mundo, cuyo número no deja de crecer, requiere solidaridad y dejar de mirar a otro lado.
Con indenpendencia de la sentencia conocida hoy, desde el PCE queremos recordar que aunque una medida sea declarada constitucional esto no significa que sea justa o que deba aplicarse necesariamente, máxime cuando está en juego la vida y la seguridad de las personas. En este sentido, reclamamos la erradicación inmediata de este tipo de prácticas, lo que requiere un pronunciamiento claro del Gobierno, acorde con los principios que inspiran su actuación. Lo anterior se refuerza con los propios argumentos del Tribunal Constitucional, que no avala cualquier tipo de actuación y que establece unas condiciones que, precisamente, no se cumplen en los casos que se han conocido. El Tribunal Constitucional insiste que sólo se podría aplicar en entradas individualizadas, no de manera colectiva, y que debe existir un pleno control judicial, algo que es imposible de garantizar cuando se producen actuaciones de hecho y se impide a los interesados tener una asistencia letrada durante la expulsión.
Por todo ello, el PCE reclama el abandono inmediato de este tipo de prácticas y un giro en la política migratoria, que profundice en la extensión las medidas sociales que ha venido adoptando el Gobierno, lo que supondría una oportunidad para construir avanzar en derechos y libertades frente a la ofensiva ultraconservadora. No adoptar una posición coherente conlleva el grave riesgo de dar alas al fascismo y de reforzar la campaña xenófoba de las derechas, que tenemos quec afrontar desde la movilización social y políticas públicas coherentes.
El PCE quiere reconocer públicamente la labor desempeñada por las organizaciones sociales contra lo que suponen las expulsiones o devoluciones en caliente y la Ley de Seguridad Ciudadana, que han dado un ejemplo de perseverancia y valentía. Estamos convendidos que su lucha no ha sido en vano y que la denuncia a este tipo de prácticas acabrá dando resultado.
Madrid, 19 de noviembre de 2020
