El gobierno Trump ha emitido una orden de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusándolo de narcotráfico, decisión confirmada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha señalado que la orden de detención se extiende a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); al vicepresidente económico, Tareck El Aissami; al ex general venezolano Hugo Carvajal, al exjefe militar Cliver Alcalá Cordones y a otros miembros más del ejecutivo. Estados Unidos, aplicando los peores recursos de su violenta historia, ha puesto precio a la cabeza de los mandatarios venezolanos ofreciendo quince millones de dólares por cualquier información que lleve a la detención del presidente Nicolás Maduro, y otros diez millones de dólares por informaciones relacionadas con los otros dirigentes acusados.
Este nuevo atropello de Estados Unidos es un intento más de persecución jurídica contra Maduro, que tiene además el objetivo de desviar la atención de la catástrofe a la que deberá enfrentarse el gobierno Trump por su ineficaz comportamiento para abordar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Estados Unidos, que no dispone de una sanidad pública, cuenta con un sistema sanitario privado que no está preparado para hacer frente a las necesidades de la población trabajadora. Trump antepone los intereses económicos de las grandes corporaciones al bienestar y la salud de sus compatriotas, y ha llegado a afirmar que "es mejor que mueran todos los que tengan que morir por coronavirus que paralizar la economía de Estados Unidos." El país cuenta ya con un elevado número de infectados que se duplica cada dos días, y el tratamiento hospitalario por COVID-19 le cuesta a un trabajador estadounidense unos 35.000 dólares. Trump, un presidente habituado a la mentira y la intoxicación, no ha dudado en lanzar esa persecución contra Maduro para ocultar parcialmente el desastre sanitario al que se enfrenta su país.
Con esa acusación, Trump pretende también acallar a la Unión Europea, que se ha manifestado contraria a mantener, en medio de la pandemia, con esa política de sanciones y bloqueos ilegales contra países soberanos, sin olvidar que la decisión del presidente estadounidense contra el gobierno venezolano se produce en un año electoral donde las encuestas son desfavorables a Trump.
Sorprende también que Estados Unidos lance esa acusación contra el presidente Nicolás Maduro: Washington ha amparado durante décadas a muchos narcotraficantes latinoamericanos que, en ocasiones, han colaborado en golpes de Estado que ha patrocinado en América Latina. Esa ilegal y arbitraria decisión de Trump acusando al presidente venezolano y a los miembros de su gobierno sin una condena judicial, y se revela como otra injerencia más para derribar al gobierno de Venezuela.
Ante ello, el Partido Comunista de España:
- Rechaza la decisión del gobierno de Trump.
- Condena este nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela.
- Exige a Estados Unidos el levantamiento de sanciones contra Venezuela, que violan de manera flagrante el derecho internacional.
- Exige la condena de la comunidad internacional de esa decisión norteamericana y reitera su apoyo al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro.
