¡Solidaridad con los 24 cooperantes humanitarios enjuiciados en Lesbos!

Desde el pasado 10 de enero, 24 cooperantes humanitarios de la ONG Emergency Response Centre International, entre ellos la refugiada siria Sarah Mardini y el buceador alemán Sean Binder, se enfrentan a posibles penas de hasta 25 años de cárcel en Lesbos. Su delito: salvar la vida de refugiados que naufragaban en el Mediterráneo.
 
La fiscalía de la isla griega acusa a los activistas y voluntarios de los delitos de tráfico de personas, espionaje y falsificación. A estos cargos, se suma la investigación que trata de involucrar a Mardini y Binder en actividades de blanqueo de capitales, facilitar la entrada ilegal a extranjeros al país y pertenencia a una organización criminal. Unos supuestos delitos que podrían suponerles otras condenas de hasta 20 años de prisión, aunque hasta el momento, no han sido imputados por ninguno de estos delitos.  
 
El PCE es muy conscientes de que estas actuaciones judiciales no responden a una honesta persecución del crimen organizado ni la trata de personas. Se trata de una estrategia de amedrentación contra el activismo humanitario que cumple un doble atentado contra los derechos humanos. Por un lado, perseguir a quienes defienden activamente la vida y los derechos humanos de miles de personas refugiadas que huían de conflictos patrocinados y sostenidos por Occidente. Por otro, blindar la inhumana y criminal política de la Unión Europea en el Mediterráneo durante la crisis de refugiados de 2015-2018.
 
A lo largo de estos años cientos de personas como Mardini y Binder se han enfrentado a juicios injustos y la a criminalización por sus labores humanitarias y de defensores de derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en toda Europa. Se demuestra en varios países como Grecia, Francia, Italia que han abierto una decena de procesos contra particulares y ONGs.
 
Centenares de entidades, entre ellas organizaciones humanitarias, agencias supranacionales y de Naciones Unidas, ONGs y asociaciones de defensa de los ddhh, han denunciado que el caso de Emergency Response Centre International, responde a esta dinámica de persecución y represión  del activismo humanitario.  
 
Así, Human Rights Watch (HRW) apunt que “este caso criminaliza la solidaridad que busca salvar vidas en el mar, y está lleno de fallos procedimentales que dañan los derechos de los acusados de recibir un juicio justo”. De la misma forma, un informe del propio Parlamento Europeo, concluye que este juicio es “la criminalización de la solidaridad más grande en Europa”.
 
Es de señalar que la política migratoria de la Unión Europea fija medidas cada vez mas restringidas, sancionatorias y punitivas. En este caso, con ayuda del gobierno griego, se representa la aplicación de políticas antimigratorias, y que criminalizan la labor humanitaria y de solidaridad con los migrantes y los refugiados.  
 
De esta forma, mientras el Parlamento Europeo condena la instrumentalización judicial y la criminalización del activismo humanitario, a la vez y bajo las más terribles acusaciones promueve y avanza en el cierre de fronteras y la normalización de la violación de derechos humanos.
 
La acción humanitaria, en su más básico y fundamental expresión del rescate de personas en el mar Mediterráneo (en el que las abominables cifras de muertes durante la crisis de refugiados quedarán como una mancha permanente en la historia) no puede ser criminalizada. Su persecución supone completo acto de indignidad.
 
El PCE exige a la fiscalía de Lesbos y los estamentos judiciales griegos a concluir esta farsa judicial y a liberar de todo cargo a los 24 activistas.
 
Asimismo, instamos a la Unión Europea y a sus estados miembros a dejar de dar cobertura e impulsar políticas migratorias que suponen, por definición, un atentado contra los ddhh.