Unidas Podemos (UP-ECP-GC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu presentan en el Congreso una petición para el establecimiento de una comisión que investigue la pederastia en la Iglesia Católica en España. El grupo pretende así implicar a las instituciones públicas en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas de agresiones sexuales realizadas en el seno de la institución eclesiástica.
Según el texto de la petición, “las estructuras patriarcales, tanto de la Iglesia católica como del poder político, han invisibilizado durante décadas esta realidad” y tiene como objetivo último “tener la información necesaria para poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención a las víctimas de esta lacra, a la vez que el poder público opera como garante y catalizador de una investigación política de los hechos que, en España, no se ha llevado a cabo hasta ahora”. Los grupos afirman que las instituciones han mostrado una opacidad que “ha contado también, por acción u omisión, con cómplices en la esfera del poder político”.
Una investigación del diario El País afirma que en España han salido a la luz 364 casos de pederastia en la Iglesia española, con hasta 956 víctimas. Cientos de ellas, menores. Además, según una investigación conjunta de 2021 coordinada por la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco concluye que “los abusos sexuales han sido cometidos, mayoritariamente, por clérigos que conocían las experiencias previas de malos tratos que presentaban las víctimas” y que la respuesta oficial a la acusación de los abusos por parte de la Iglesia ha obviado “la posible influencia de causas de tipo ambiental o estructural”.
La Iglesia católica en España no está exenta de poder, ni mucho menos. Además de escudarse detrás de la prescripción de muchos de los abusos, cuentan con el silencio y la pasividad de las altas esferas, tanto del poder eclesiástico como de las instituciones. Según la propuesta presentada por UP y el grupo catalán y el vasco, “las estructuras patriarcales, tanto de la Iglesia católica como del poder político, han invisibilizado durante décadas esta realidad y sus víctimas, que han vivido en muchas ocasiones en solitario un problema que nos afecta a todos y a todas como sociedad”. La idea de que “son asuntos de la Iglesia” debe quedar atrás, dado que se trata de delitos que merecen la intervención de los poderes públicos para garantizar justicia a las víctimas.
Siguiendo el ejemplo de otros países
Esta nueva proposición se une a la marea de investigaciones o medidas que sí se han tomado desde el gobierno de otros países. En Francia por ejemplo, un informe elaborado por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE) reveló en 2021 que unos 216 000 menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero francés entre 1950 y 2020, y se estimaba que entre 2900 y 3200 clérigos pederastas habían trabajado en la Iglesia católica de Francia desde los años 50. Como consecuencia, los obispos de Francia admitieron la “responsabilidad institucional” de los abusos y vendieron patrimonio para indemnizar a las víctimas.
Por su parte, el Gobierno de Irlanda creó una comisión de investigación en 1999 donde más de 1.300 sacerdotes irlandeses fueron acusados de pederastia. Australia, Alemania, Bélgica o Estados Unidos han sido otros países donde se han abierto comisiones de investigación, en su mayoría por iniciativa del gobierno, con descubrimientos de cifras alarmantes en casos de abusos a menores en la Iglesia católica y, en algunos casos, con indemnizaciones para las víctimas.
Inmatriculaciones indebidas, el otro escándalo de la Iglesia
La pederastia no es el único mal, o más bien, delito que existe en la Iglesia católica de España. El pasado martes 25 de enero, la Iglesia admitió que tiene hasta 1000 inmuebles no son suyos; fueron apropiados indebidamente. La reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 que llevó a cabo José Mª Aznar, del Partido Popular, permitió a la Iglesia apropiarse de cientos de bienes que no eran suyos, y ahora admite un millar de ellos sin consecuencias legales para la institución religiosa por ahora.
En palabras del Secretario General del PCE y Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, “no es posible aceptar que la Iglesia católica se haya apropiado de miles de bienes”, afirmando que “es obvio que la Mezquita de Córdoba, no fue construida por la Iglesia católica”, ante una autoridad eclesiástica que no ha incluido el templo musulmán en la lista de bienes inmatriculados indebidamente.
