Tras la convocatoria del pleno de investidura para la presidencia del Gobierno del candidato del Partido Socialista Obrero Español, para los próximos días 15 y 16 de noviembre, tenemos que recordar que el intento de investidura del candidato del Partido Popular, que no resultó elegido como presidente del Gobierno por falta de mayoría parlamentaria suficiente, se realizó en un ambiente de tranquilidad social e institucional a pesar de que su única opción de gobierno era la entrada de Ministros de la ultraderecha en el Consejo de Ministros, por primera vez desde el fin de la dictadura franquista.
Tras su fracaso, la derecha política y económica, junto a sus aliados en las instituciones del Estado, han desatado una brutal campaña de deslegitimación de cualquier otro gobierno que pudiera ser elegido con la necesaria mayoría parlamentaria. En una estrategia perfectamente orquestada, se han sucedido operaciones de crispación social, de acoso a sedes y dirigentes del Partido Socialista y también de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España, y sucesión de declaraciones de asociaciones profesionales, fundamentalmente de jueces, fiscales, altos funcionarios del Estado y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, abandonando la debida neutralidad que les corresponde y alineándose claramente y de forma pública con las posiciones de confrontación social y deslegitimación de la democracia construidas por la derecha y la ultraderecha.
Para la derecha y la ultraderecha no hay más democracia que la que les permite gobernar, mantener sus privilegios y llevar adelante sus programas neoliberales y de recortes que siempre acaban provocando daño social y degradación de las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo.
La excusa en esta ocasión es una ley de amnistía, como si acaso esta institución o leyes que la desarrollen no figuraran en numerosas constituciones de países de la Unión Europea, como si no se utilizara asiduamente por los países de nuestro entorno, como la concedida el pasado mes de julio en Portugal por la visita del Papa. Sin duda la constitucionalidad de la amnistía no es discutible en España ya que figura en distintas leyes aprobadas en el período democrático y nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones a lo largo de años sobre su procedencia en determinadas circunstancias. Recordemos que la democracia española inició su andadura en 1978 tras una amplia amnistía por causas políticas.
La otra excusa para deslegitimar las mayorías parlamentarias democráticas y anti reaccionarias, es que fuerzas políticas de naturaleza soberanista, ya sean vascas o catalanas, participen en esas mayorías parlamentarias posibilitando el gobierno de la izquierda en España. La derecha española sabe que la izquierda no podría gobernar sin alcanzar acuerdos con las fuerzas de izquierda nacionalista y con los soberanistas de Euskadi y Cataluña, durante años excluidas de cualquier mayoría de gobierno, factor que ha utilizado el Partido Popular para gobernar durante décadas con mayorías parlamentarias de derechas que no se correspondían siempre con las preferencias electorales entre izquierda y derecha mostradas por los ciudadanos y ciudadanas en las urnas.
Es claramente contrario a los intereses de España oponerse a medidas y acuerdos para normalizar la relación entre Cataluña y el resto del Estado, es decir para conseguir como ya ha ocurrido que la independentismo catalán abandone la unilateralidad y acepte, al menos por ahora, el marco constitucional y la bilateralidad para construir su relación con el Estado. Si España estuvo en algún momento en riesgo de "romperse" está claro que en estos momentos ese riesgo ha sido conjurado gracias a un trabajo previo de años culminado con medidas necesarias para consolidar esa normalización.
La agresividad desatada por la derecha tiene otra finalidad. De la deslegitimación del gobierno de coalición de izquierda en la anterior legislatura han pasado directamente a considerar ilegal cualquier gobierno nacido de la actual mayoría parlamentaria y a hacer llamamientos para abortarlo o bien derrocarlo por cualquier medio. "El que pueda hacer , que haga" o "hasta la ultima gota de sangre".
En esta estrategia han implicado directamente al mas desleal de los actuales organismos constitucionales, el agonizante Consejo General del Poder Judicial, y también al único comisario de la Unión Europea que viene comportándose hace años como otro militante más del Partido Popular el comisario de Justicia Reynders. Ambos han tenido la osadía de descalificar o cuestionar una ley que ni existe ni conocían sus contenidos en el momento de pronunciarse.
Lo que la derecha no aguanta es que vaya a haber un gobierno capaz de continuar impulsando la agenda de cambios sociales y laborales iniciada durante la anterior legislatura, el acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar tras la celebración de las elecciones del 23 de julio. Seguir subiendo el salario mínimo, reformar el despido haciéndolo más difícil y con indemnizaciones más altas para los trabajadores y trabajadoras que los padezcan. Aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modifique el marco de relaciones laborales en nuestro país a favor de las personas trabajadoras. Continuar medidas de reforma fiscal que haga que paguen mas quienes más tienen y en especial que las empresas españolas aporten sobre sus beneficios al menos lo que los trabajadores aportan sobre sus ingresos. Continuar impulsando las políticas de cuidados y los permisos retribuidos de cuidado de menores para las familias, aprobar nuevas medidas de igualdad que continúen garantizando derechos a las mujeres y los colectivos LGTBI, y tener nuevas oportunidades para recuperar las libertades democráticas restringidas durante los gobiernos de la derecha.
En los próximos días, en especial en torno al miércoles 15 y el jueves 16 de noviembre, asistiremos al incremento de la agresiva y violenta campaña puesta en marcha por la derecha para atacar las instituciones democracias, para dañar una democracia por la que nunca lucharon contra la dictadura y que tuvieron que aceptar de mala gana cuando no les quedaba más remedio y fracasó su política de continuidad del régimen franquista tras la muerte del dictador. Van a continuar atacando a la democracia porque esta nunca les sirve si no les permite mantener sus privilegios.
Los y las comunistas estamos nuevamente ante la obligación de defender la democracia, como ya nos tocó hacer para impedir que la dictadura pudiera sobrevivir al dictador. En la actual coyuntura de desestabilización de la democracia puesta en pie por las fuerzas reaccionarias, podemos afirmar más que nunca que cualquier gobierno con mayoría progresista, por muy imperfecto que sea, es mucho más favorable para impulsar y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que un gobierno autoritario de la derecha y la ultraderecha o de la derecha con apoyo de la ultraderecha.
Nos corresponde explicar lo que está ocurriendo en España y contrarrestar el discurso involucionista y catastrófico que la derecha y la ultraderecha y sus altavoces mediáticos están difundiendo de forma masiva estos das. Se echa en falta la capacidad de las fuerzas democráticas y de izquierdas de difundir nuestros argumentos y explicar la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo, de exponer los contenidos del acuerdo de gobierno que vamos a impulsar de inmediato desde la conformación del gobierno de progreso que deberá comenzar a funcionar esta misma semana con la presencia de Sumar y muy previsiblemente también, con la presencia de Izquierda Unida.
Organicemos a la izquierda y las fuerzas democráticas para que nadie caiga en las provocaciones, para contrarrestar la ofensiva reaccionaria con argumentos, y para estar preparados para organizar, de inmediato si fuera necesario, la movilización social y de la clase trabajadora para impedir que nuevamente la derecha de este país nos robe la democracia y los derechos a las clases trabajadoras.
