Tras décadas de reformas laborales, especialmente la última del PP en 2012, que reafirmaba un modelo laboral donde primaba el poder unilateral de la patronal, precarizando las condiciones de trabajo de la clase obrera, devaluando sus salarios y destruyendo masivamente millones de empleos, además de debilitar a los sindicatos en la negociación colectiva y la capacidad de intervención de las administraciones públicas, finalmente se aprobó la nueva reforma laboral en el Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre, ya publicada en el BOE, para que la clase obrera inicie un camino de recuperación y avance en la conquista de sus derechos.
Esta nueva reforma laboral, sumada a las reformas del SEPE y la inspección de trabajo, cuestiona las políticas empresariales y las sitúa como las causantes de tanta precarización y dumping salarial, de prácticas fraudulentas y abusos, poniendo el foco en las empresas y aportando también los medios para combatir la alta precariedad laboral. Esta reforma supone un avance importante para generalizar la contratación indefinida frente a la enorme precariedad (que se ceba especialmente en la mujer, la juventud y las personas migrantes), limitando la temporalidad, la subcontratación y reforzando la inspección de trabajo para combatir al fraude y defender el empleo de calidad, dando un mayor protagonismo a los sindicatos en la negociación colectiva. Además, incorpora los ERTEs a la legislación con las condiciones que se han instaurado en el escudo social por la pandemia, como alternativa a los despidos colectivos.
Esta es una reforma que reduce los tipos de contrato temporal a dos (estructural y formativo), obligando a justificar los motivos de la temporalidad de las empresas para disminuir la alta tasa de trabajo temporal. La reforma laboral va a extender el contrato indefinido como forma ordinaria de contratación, además de introducir contratos como el fijo discontinuo, o acotar y perseguir el fraude con la contratación temporal. De esta forma se merma el recurso de muchos empresarios, que utilizan la temporalidad para atemorizar a los/as trabajadores/as con la no renovación de sus contratos. Muestra así una clara oportunidad a amplios sectores de trabajadores y trabajadoras, a perder el miedo frente al constante chantaje contra sus empleos, para poder organizarse sindicalmente y reivindicar sus derechos en mejores condiciones.
La inclusión de los ERTE con las condiciones del escudo social y como alternativa a los despidos, refuerza el papel de los sindicatos y la administración pública a la hora de afrontar sus causas en la negociación colectiva y salvaguardar el empleo, antes que asumir las consecuencias mediante denuncias individuales por cantidades, tal y como ha quedado patente en esta pandemia, al haberse salvado con este mecanismo más de 3,5 millones de puestos de trabajo. La contratación indefinida, la prevalencia de los convenios de sector y los ERTEs frente a los EREs, representan la anteposición de la vía sindical, de lucha y negociación colectiva, antes que la denuncia individual o la vía jurídica, irreversible en la inmensa mayoría de los casos, y la última oportunidad para defenderse.
La prevalencia del convenio sectorial en materia salarial y en las empresas subcontradas (que representan una parte importante de las PYMES de este país), en la práctica va a significar la generalización de la prevalencia de los convenios de ramo frente a los nefastos convenios de empresa o multiservicios. La recuperación de la ultraactividad indefinida consolidará los derechos adquiridos durante años y reforzará las posiciones del sindicalismo de clase frente a la fragmentación e individualización actual, impuestos durante décadas por los anteriores gobiernos neoliberales y por la patronal.
La derecha y ultraderecha están rabiosas y descolocadas ante el naufragio de su estrategia desestabilizadora, dado que no se esperaban el acuerdo, y menos con la firma de las patronales. La CEOE está muy dividida e incómoda por la firma del acuerdo para la reforma laboral. Sus comunicados negando sus concesiones son intentos de justificar su firma para tratar de aplacar la fuerte oposición interna que hay en la Patronal (la agraria, la del automóvil, la madrileña y la catalana están en contra de la firma). No están nada cómodos en un acuerdo que les coloca como los responsables del fraude y la precariedad, que acrecienta el control y la intervención pública de la contratación en las empresas y refuerza el papel de los sindicatos.
Ahora queda el trámite parlamentario para aprobar la ley, en el que se pueden dar cambios para obtener los apoyos suficientes para aprobar la reforma. Pero no caigamos en falsas expectativas, somos conscientes de que no será fácil mantener el equilibrio entre el acuerdo social y los apoyos parlamentarios dentro del bloque de investidura. Y una caída de la norma sería una victoria de la patronal y la derecha y un duro golpe para la clase obrera. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todo el bloque de izquierda y democrático de la investidura, negociando para hacer prosperar esta reforma laboral, sin dar argumentos para que nadie se descuelgue y la haga fracasar. Quedan aspectos por avanzar, a los que no renunciamos y por los que seguiremos peleando, pero ahora es esencial consolidar primero las victorias de la nueva reforma.
Es fundamental aprovechar la oportunidad de los PERTE y los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, para cambiar el actual modelo productivo basado en la precariedad y los bajos salarios, por otro donde prime la alta tecnología y el valor añadido, la investigación y el desarrollo, una potente industria autóctona y con participación pública, que potencie los servicios públicos, los derechos sociales y laborales, y que genere empleos de calidad. Esta reforma sienta las bases de unas relaciones laborales más equilibradas para poner a la clase obrera y al movimiento sindical a la ofensiva, para seguir recuperando y avanzando en derechos. Conquistarlos cuesta mucho, por eso hay que poner en valor las victorias y no dejar pasar las oportunidades.
Para el PCE es imprescindible tener una visión estratégica y global, y ser conscientes de las exigencias del momento histórico y la importancia de la reforma laboral. Hay que recordar las diferentes medidas de forma conjunta y no separadas, desde la importante subida del SMI durante estos años, a la mejora de las pensiones, las leyes de igualdad y la Ley Rider, resaltar el reforzamiento del SEPE (aumentando sus recursos, plantillas y control de las ofertas y demandas de empleo) o el plan estratégico 2022-23 para la Inspección de Trabajo que fue presentado en noviembre para su modernización con las nuevas tecnologías, con más recursos y medios técnicos y humanos, así como más capacidad interventora y sancionadora en la salud laboral, la igualdad y también, mayor capacidad para condicionar los despidos colectivos o EREs y los ERTEs. Es un importante elemento que poner en la balanza, puesto que la labor de Trabajo ha significado la detección y pase de más de 350 mil contratos temporales fraudulentos a fijos en un año.
Los y las comunistas, en conjunto con el sindicalismo de clase y toda la izquierda, debemos avanzarnos a los acontecimientos, siendo conscientes de que la derecha, la patronal y otros sectores interesados van a maniobrar para dinamitar la aprobación y subvertir la aplicación de la reforma. Debemos utilizar los avances que aparecen en la reforma laboral como herramientas para mejorar las condiciones materiales de la clase obrera, fortalecer el sindicalismo de clase en las empresas y sectores, aumentando la solidaridad, la organización y la conciencia de clase. Es fundamental que, desde la acción concertada de los y las comunistas, la izquierda, los sindicatos y la administración, hagamos que estos avances sean conquistas tangibles en la vida de la clase trabajadora.
