Ante la reciente decisión del régimen israelí de bloquear la ayuda humanitaria a Gaza—incumpliendo una vez más los acuerdos que sustentan el alto el fuego vigente—se evidencia una política sistemática que vulnera los derechos fundamentales de la población palestina. Esta medida, impuesta en un contexto de creciente sufrimiento para los civiles, pone de manifiesto el flagrante desprecio de Israel por el derecho internacional y por los principios humanitarios básicos.
Resulta especialmente grave que, a pesar de esta situación insostenible, la Unión Europea y sus Estados miembros demuestren una absoluta falta de voluntad política para adoptar sanciones o defender activamente el orden jurídico internacional. Este silencio, lejos de ser fortuito, forma parte de una histórica política europea de protección a Israel, en la que tanto líderes pasados como actuales han evitado responsabilizar a la entidad sionista por sus acciones, permitiendo de forma indirecta la complicidad con políticas genocidas.
La postura de la UE, junto a la de otros países europeos —incluso aquellos fuera de la Unión, como el Reino Unido—, basada en la negación, la omisión y el encubrimiento, facilita y respalda la conducta genocida de Israel. No hay otra forma de interpretarlo: lo que sucede en Gaza constituye una reanudación del genocidio, y la inacción europea refuerza esa responsabilidad compartida.
El PCE reitera su compromiso de trabajar para que, a la mayor brevedad posible, se consiga una rendición de cuentas real y se adopten medidas contundentes que restablezcan el respeto al derecho internacional. Solo mediante una respuesta decidida y solidaria se podrá frenar el avance de esta tragedia humanitaria y garantizar un futuro de paz y justicia para todas las poblaciones afectadas.
El PCE exige al gobierno de España que decrete de inmediato un embargo real en el comercio de armas con Israel, paralizando todo tipo de tránsito de armamento a través de puertos y aeropuertos españoles. España debe romper, sin demora, las relaciones diplomáticas, económicas, financieras, culturales y militares con un régimen que vulnera sistemáticamente el derecho internacional.
Asimismo, convocamos a la clase trabajadora, a los sindicatos y a los movimientos sociales a exigir a las instituciones europeas y a los gobiernos responsables que rompan con esta complicidad histórica y adopten una postura firme en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. La lucha contra la impunidad y por la justicia para el pueblo palestino es una tarea ineludible y urgente para alcanzar la paz en nuestra región y en el mundo.
