El Partido Comunista de España expresa su más firme condena ante la nueva escalada impulsada por la Administración estadounidense, encabezada por Donald Trump y ejecutada por su secretario de Estado, Marco Rubio.
La cumbre internacional convocada por el Departamento de Estado con representantes de más de sesenta países para abordar el supuesto “terrorismo transnacional de extrema izquierda” es un nuevo paso en la construcción de una "doctrina de seguridad" profundamente reaccionaria, destinada a identificar como amenaza global a quienes cuestionan el orden imperialista y neoliberal.
Un grave ataque contra el derecho internacional, el sistema multilateral y las fuerzas políticas y sociales que luchan por la justicia social, la paz y la soberanía de los pueblos.
Lejos de responder a una amenaza objetiva, esta iniciativa persigue legitimar una estrategia internacional de persecución política, criminalización de las organizaciones populares, sindicales y revolucionarias, y reforzamiento de los mecanismos de injerencia sobre los pueblos que defienden su soberanía frente a la dominación imperial.
Resulta especialmente revelador que esta campaña se impulse en un momento histórico marcado por el ascenso del militarismo, el respaldo incondicional de Washington a la agresión israelí contra el pueblo palestino, la expansión de las guerras de agresión, la imposición de sanciones unilaterales y la utilización sistemática de medidas coercitivas contra aquellos Estados que no se subordinan a los intereses de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense desarrolla una ofensiva sin precedentes contra las instituciones internacionales encargadas de velar por el cumplimiento del derecho internacional. Las sanciones impuestas contra el fiscal de la Corte Penal Internacional, contra varios de sus magistrados y contra la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, representan un intento intolerable de intimidar a quienes investigan y denuncian posibles crímenes internacionales.
A ello se suma ahora la presión política y diplomática ejercida por Washington para aislar y deslegitimar tanto a la Corte Penal Internacional como a la Corte Internacional de Justicia, con el evidente propósito de impedir cualquier control jurídico sobre las actuaciones de Estados Unidos y de sus principales aliados. El mensaje resulta inequívoco: quienes se sitúan por encima del derecho internacional buscan desmantelar cualquier institución capaz de exigir responsabilidades por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos.
Esta deriva constituye uno de los rasgos más preocupantes de la actual fase del imperialismo: la sustitución progresiva del derecho internacional por la ley del más fuerte; del multilateralismo por la imposición unilateral; y de la cooperación entre los pueblos por la política de bloques, las amenazas y las sanciones.
El PCE recuerda que fueron precisamente las consecuencias del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial las que impulsaron la creación de un sistema internacional basado en la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza fuera del marco establecido por la Carta de las Naciones Unidas. Hoy asistimos a un intento deliberado de desmantelar ese marco jurídico para sustituirlo por un orden internacional basado exclusivamente en la fuerza militar, la coerción económica y la impunidad.
Frente a esta ofensiva autoritaria, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho internacional, de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia y de todos aquellos mecanismos destinados a garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que afectan a la humanidad.
