MUFACE es la mutualidad que agrupa a los/las funcionarias/os de la administración central del estado, con cerca de 1.500.000 personas que reciben su asistencia sanitaria a través de un concierto que mantiene esta mutualidad con tres aseguradoras privadas: Adeslas, (que asegura al 34,31% de los/las mutualistas), Asisa, (al 25,18%) y DKV (13,9%), mientras que el resto, el 26,26%, han optado por la sanidad pública. El concierto que regula las tarifas que MUFACE paga a estas aseguradoras es bianual y desde este verano se está negociando su renovación para el periodo 2025-26, lo que ha producido una situación de desencuentro entre ambas partes: El gobierno (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) ofertó un incremento del 14%, que fue rechazado por las aseguradoras, que proponían un incremento del 40%, ante lo que el gobierno realizó una nueva oferta de un 17,2% de incremento, que también fue rechazado por éstas.
Finalmente, ante las presiones de los lobbies de la sanidad privada y de sindicatos de funcionarios, sobre todo los de carácter corporativista como el CSIF, el pasado 17 de diciembre, el PSOE de forma unilateral aprobó un nuevo incremento del 33,5% en el convenio con las aseguradoras privadas.
Con esta nefasta decisión, el PSOE ha vuelto a mostrar su cara más neoliberal y ha desaprovechando una oportunidad de oro para integrar a los mutualistas de MUFACE en la sanidad pública, optando por mantener, al menos durante los próximos 3 años, un modelo sanitario que privatiza la asistencia sanitaria de los/las funcionarios/as, en vez de defender y financiar lo público, como le correspondería a un partido que pretende llamarse de izquierdas.
Desde el PCE consideramos que MUFACE es un modelo obsoleto (la misma Ley de Sanidad la considera provisional), y por ello exigimos su desaparición, ya que genera desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria con respecto al resto de la población y mantiene ciertos privilegios, puesto que sus afiliados tienen unas prestaciones complementarias que el resto de la ciudadanía no disfruta, siendo además financiado con dinero público, lo que representa un modelo de asistencia sanitaria privatizador, que resta recursos económicos al SNS y es contrario a nuestro modelo sanitario, que creemos debe de ser público y universal.
Defendemos y estamos comprometidos incondicionalmente con la sanidad pública contra todo recorte y privatización, en la calle y en las instituciones, en el gobierno y en el parlamento, y en este caso, para que el funcionariado transite del actual modelo de MUFACE hacia la asistencia sanitaria pública.
Sabemos que las competencias sanitarias recaen en las Comunidades Autónomas y que la sanidad pública sufre una fuerte precarización y merma de recursos humanos y materiales, fruto de décadas de recortes y privatizaciones que han llevado a cabo las distintas administraciones centrales y autonómicas gobernadas por el bipartidismo y las derechas nacionalistas, para beneficiar a las aseguradoras, mutuas y empresas de la sanidad privada, en detrimento de la clase obrera y los sectores populares.
Esos recortes han diezmado la asistencia sanitaria pública y han disparado las listas de espera. Esta política ha sido implementada de forma premeditada, junto a una campaña mediática e ideológica favorable a la privatización, para que ese deterioro de lo público sea utilizado por las aseguradoras, mutuas y empresas privadas para mercantilizar la sanidad, ganar apoyo social y aumentar su negocio, a costa de la desesperación de amplios sectores sociales que necesitan esa atención sanitaria.
El PCE hace un llamamiento a toda la izquierda, a los sectores populares y la clase obrera, en especial al sindicalismo de clase y sociopolítico, a no resignarse, asumir o caer en las trampas del lobby sanitario privado. Y más, ante el peligroso y fuerte avance de las fuerzas reaccionarias y de ultraderecha, que consideran la justicia social como una aberración y cuestionan la existencia de cualquier atisbo de derechos, que son los que nos aseguran los servicios públicos, conquistados gracias a la lucha del movimiento obrero.
Como ya se está dando en muchas ciudades y territorios, es momento de organizar y movilizar a todas las fuerzas interesadas, de unificar tejiendo las más amplias alianzas, para reforzar y extender el movimiento en por un sistema sanitario digno, público y universal.
No más dinero público para las mutuas privadas.
No a la privatización de la sanidad pública.
La sanidad es un derecho, ni negocio ni privilegio.
