Desde julio de 2018 hasta hoy se han conocido al menos cinco cartas o manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático y pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una “situación política inaceptable”, eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos.
El ultimo de estos manifiestos, publicado el pasado 3 de diciembre, aparece firmado por mas de 270 militares en retiro que llaman a "revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y proetarras". Al mismo tiempo, sale a la luz pública un chat de militares retirados en el que un general defiende fusilar a 26 millones de españoles, a los que denomina “hijos de puta”.
El Partido Comunista de España ha venido denunciando la existencia de una operación de desestabilización de la democracia, en primer lugar para impedir la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y ahora para atacar al gobierno de coalición, puesta en marcha tan pronto se aprobó la investidura como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. La declaración del Estado de Alarma por la pandemia ha sido utilizada para incrementar los ataques desestabilizadores por cualquier medio.
No cabe duda de que existe un plan organizado desde la derecha política, económica y judicial más extrema, con la participación de sectores no solo militares, sino institucionales, económicos y sociales, cuyo objetivo es acabar con este Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de distintas instituciones del Estado.
Sin duda la infiltración de la ultraderecha, como movimiento organizado, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye una grave amenaza, aunque a fecha de hoy no puede afirmarse que sean mayoritarios estos sectores antidemocráticos. Pero, aunque no constituyen una mayoría, sí trabajan activamente para determinar los debates y el ánimo general en las cámaras de oficiales y camaretas de suboficiales y cabos primeros. Es un trabajo sistemático, organizado y coordinado con la ultraderecha política que busca crear hegemonía en el seno de las FFAA y CFSE.
Todo ello pone de manifiesto una coordinación de distintos sectores desestabilizadores con integrantes o ex integrantes de las FFAA y los CFSE, en una estrategia que busca influir en la opinión pública y en especial en el Jefe de Estado. Esta estrategia desestabilizadora pretende arrastrar a otras esferas de poder, mediáticas, económicas, institucionales y judiciales y convertir a todos los anteriores en actores de desestabilización. Todo con la activa participación de redes y estructuras vinculadas a la ultraderecha.
En este contexto, es inaceptable la sentencia del Tribunal Militar Central que confirma la sanción disciplinaria impuesta al cabo Marco Antonio Santos por manifestarse en contra de los militares retirados que alabaron al ex dictador y por firmar una carta con la formula “Salud y República”. Ya entrados en el Siglo XXI no es aceptable que en democracia se actúe de forma permisiva con militares o exmilitares que simpatizan o participan en operaciones desestabilizadoras, mientras que se expulsa del ejército a militares demócratas que denuncian y condenan actitudes desestabilizadoras y fascistas
Para abordar esta situación y desarticular las estrategias desestabilizadoras de la extrema derecha y sus aliados, es necesario abordar de una vez la asignatura pendiente de la reforma de las Fuerzas Armadas para dotarlas de mecanismos que permitan que la realización de declaraciones o actividades desestabilizadoras y contrarias al orden constitucional puedan ser sancionadas cuando se realizan por militares que, aunque estén en retiro, utilicen para desplegar esa actividad su antigua condición.
La justicia militar debe ser competente exclusivamente para conocer los casos relacionados con el servicio, en ningún caso respecto a actividades con implicaciones fuera de las FFAA.
Es imprescindible reformar el acceso a las academias militares, de Guardia Civil y de Policía Nacional, así como eliminar cualquier prueba de valoración subjetiva para el acceso, en especial si estas valoraciones son realizadas por los propios mandos.
También es imprescindible objetivar al máximo los procedimientos de ascensos, acceso a cursos de formación y renovaciones de contratos de tropa y marinería, así como oficiales de complemento, garantizando la participación en las evaluaciones de funcionarios externos a las FFAA y FCSE.
El PCE defenderá el reconocimiento de los derechos democráticos y sindicales en las FFAA, para fortalecer las asociaciones y colectivos, tratando de vincularlos a los sindicatos preexistentes, reformando las distintas leyes orgánicas que limitan el derecho de asociación y sindicación.
En esta misma línea de mejora de los derechos laborales de los militares, debe solucionarse el problema de los despidos a la tropa y militares de complemento que cumplen 45 años. Debemos evitar el inmenso problema social y político que supone la salida del ejército de decenas de miles de hombres y mujeres sin otro oficio que las armas, con escasa o nula posibilidad de hacer valer su experiencia para acceder a un empleo digno, lo que les hace muy vulnerables a las iniciativas de la extrema derecha.
