El presidente Gustavo Petro y su gobierno vienen sufriendo, desde su llegada a la presidencia del país en 2022, una campaña de persecución y judicialización de la política (lawfare) que se traduce en continuas intentonas golpistas que incluso se extienden hasta la familia del mandatario colombiano.
En las últimas semanas esta persecución se ha acrecentado con continuos señalamientos, sin pruebas ni fundamentos, por parte del fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, integrantes reconocidos de la derecha colombiana que hoy se encuentra en abierta oposición al gobierno progresista de Petro.
El presidente colombiano ha denunciado este viernes la ruptura institucional en el país realizando un llamamiento a la nación y al mundo, solicitando una gran movilización popular por la decencia.
Como el mismo Petro ha señalado "se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito. Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, politicos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía, buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo"
Es necesario destacar que acciones realizadas por miembros de otros partidos políticos, como al que pertenece el propio Fiscal General, no han sido criminalizadas y se han reconocido como legales. Un claro ejemplo de esta situación es que las contribuciones realizadas por un narcotraficante a partidos políticos durante la campaña electoral, han sido calificadas como legales, mientras que las realizadas por el Sindicato de Maestros, han sido catalogadas como ilegales, sin mayor justificación que la de tratarse de aportes a un partido de izquierda.
El Presidente colombiano ha advertido que tras la suspensión del canciller de la República, posiblemente vendrá el procesamiento penal del presidente de Ecopetrol y del superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. Además ha apuntado las sospechas sobre que estos hechos evidencian que la Fiscalía podría pedir su juicio político sin ocultar que se ha llevado a cabo una investigación inconstitucional en contra del mandantario, intentando conseguir así el triunfo que el pueblo no les otorgó.
El Partido Comunista de España condena el montaje judicial contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, por parte de la Fiscalía de Colombia y la Procuraduría General de la Nación.
El PCE se suma al llamamiento hecho por el Presidente colombiano en defensa de la democracia y la institucionalidad del país.
Exigimos respeto a la voz del pueblo y al mandato popular emanado de las urnas el pasado 2022 que dio el triunfo al presidente Petro y al gobierno del Pacto Histórico.
