El pasado 15 de septiembre la Misión "Independiente" de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe acusando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a mandos militares del país, de graves violaciones de los derechos humanos desde el año 2014. Esas acusaciones han sido desmentidas incluso por dirigentes opositores como Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia.
Esa Misión, aprobada en septiembre de 2019, está compuesta por "expertos" privados contratados por el Consejo, de dudosa fiabilidad (como Francisco Cox, abogado penalista chileno que defendió a Jovino Novoa, alto funcionario de la dictadura de Augusto Pinochet), nace al amparo de la OEA, del autodenominado Grupo de Lima y de países alineados con la política exterior de Washington, y no está reconocida por la cancillería venezolana, que sí ha renovado su colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en septiembre de 2019.
El informe, que denota una absoluta falta de objetividad, ha sido elaborado sin que sus autores hayan visitado Venezuela, y se basa en publicaciones aparecidas en redes sociales y en entrevistas realizadas a personas no identificadas, así como a miembros de la extrema derecha venezolana. La publicación incurre en numerosas falacias, y sus recursos para denunciar las supuestas vulneraciones de derechos humanos denotan una absoluta falta de rigor. Esa tendenciosa información está siendo utilizada por los sectores y países alineados con la criminal política exterior de Estados Unidos para restar legitimidad a las elecciones legislativas venezolanas que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre, a las que concurrirá parte de la oposición tras haber fructificado el diálogo impulsado por el Gobierno venezolano. Además, su publicación se enmarca en la gira que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, está llevando a cabo por Colombia, Brasil y Guyana, aprovechada para amenazar de nuevo a Venezuela.
El informe omite, de forma deliberada, la investigación que lleva a cabo el gobierno venezolano en materia de derechos humanos y que ha comunicado a las Naciones Unidas, certificando que bajo las gestiones de las autoridades judiciales de Venezuela actualmente hay 517 funcionarios acusados por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocurridos entre 2017 y marzo de 2020, de los cuales 167 se encuentran privados de libertad. Al mismo tiempo 731 funcionarios han sido acusados por delitos de homicidio o violación del derecho a la vida, de los cuales 436 se encuentran en prisión.
El Partido Comunista de España denuncia la parcialidad e intencionalidad de ese informe carente de datos fidedignos, así como el acoso a Venezuela y su gobierno que impulsan Estados Unidos, la OEA y el autodenominado Grupo de Lima, mientras callan ante las graves vulneraciones de derechos humanos que ocurren a diario en Colombia o Chile.
El PCE espera que la Unión Europea no se deje influir por esta nueva operación del imperialismo norteamericano y continúe con su agenda propia de diálogo y trabajo con el gobierno venezolano para que una Misión de Observación Electoral de la Unión acuda a las elecciones del 6 de diciembre.
El Partido Comunista de España reitera su solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro, y hace un llamamiento para que las fuerzas antiimperialistas y los pueblos libres del mundo manifiesten su rechazo a ese informe, burdo montaje auspiciado por el gobierno Trump contra Venezuela.
