Durante la declaración del anterior estado de alarma se suspendieron los lanzamientos de las viviendas por la suspensión de la actividad judicial, pero a partir de finales de agosto se han reanudado y se están ejecutando aceleradamente miles de resoluciones judiciales de desalojo.
Pese a las inmensas dificultades que ya existían en nuestro país para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución y en la Carta de las Naciones Unidas, la situación se torna draconiana para aquellas familias y personas que se pueden ver privadas de su primera y única vivienda por cumplirse los plazos de sus contratos de alquiler, o por la imposibilidad de afrontar las cuotas hipotecarias.
La paradoja se produce cuando la protección social, la protección de la salud, requiere de manera generalizada la permanencia en los domicilios como mecanismo de contención de la propagación de la enfermedad, es decir para la protección de la salud.
Ante esta situación reclamamos que el Gobierno adopte las siguientes medidas:
- Impedir los lanzamientos de vivienda habitual mientras esté vigente la declaración del estado de alarma.
- Establecer la prórroga forzosa de la duración de los contratos de alquiler que puedan vencer antes de mayo de 2021.
- No computar las cuotas hipotecarias impagadas como causa de ejecución.
En la actual situación, es necesario poner en marcha las medidas que sean precisas para fortalecer y mejorar el Escudo Social que proteja a las capas populares y la clase obrera de nuestro país: es imprescindible mientras dure la situación excepcional que atraviesa nuestro pueblo.
